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En igual sentido, vale la pena recalcar que la jurisprudencia emitida en el juicio de
constitucionalidad sobre actuaciones concretas -hábeas corpus, específicamente-, no se
ve alterada por la presente decisión, pues en dichos casos el objeto de control se
planteaba desde la aplicación automática de la detención provisional, y su falta de
motivación. Aspectos que, en la presente sentencia, se han reiterado como
inconstitucionales.
VII. Previo a emitir el pronunciamiento de fondo, es necesario determinar cuál ha
sido el objeto de control por esta Sala mediante este proceso, para que, como
consecuencia de ello, se enjuicie la conformidad con la Constitución del art. 77-F de la L.
Pr. Cn.
Desde los autos iniciales se aclaró que el requerimiento originado en las
certificaciones que enviaron los jueces mencionados al inicio de esta decisión, sólo
representan los cauces de conexión entre el control difuso y el concentrado, sobre la
constitucionalidad de las leyes; y que, por tanto, este proceso no se convertía, bajo ningún
concepto, en un recurso o procedimiento de revisión de las inaplicaciones declaradas por
dichos tribunales.
Desde esas aclaraciones es que se concluye que el objeto de control en este
proceso, está determinado por el inc. final del artículo 77-F de la L. Pr. Cn.: es la
disposición inaplicada por el tribunal requirente, no las sentencias en las que se ejerció el
control difuso, y así debe entenderse en el fallo de esta sentencia.
Por tanto
Con base en las razones expuestas en los considerandos anteriores, disposiciones
constitucionales y de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la
República de El Salvador, esta Sala
Falla:
1. Declárase que en el inciso 2° del artículo 294 del Código Procesal Penal, no
existe la contradicción señalada por los jueces requirentes, respecto del art. 12 Cn., pues
en las siguientes categorías de delitos: (i) homicidio simple y agravado, secuestro, robo
agravado y extorsión, los cuales tienen como denominador común que son ataques a