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válidamente reclamar frente a actos particulares y estatales que atenten contra la
conservación, mantenimiento, defensa y titularidad de tales categorías.
El imperativo así establecido denota que el reconocimiento de los derechos
fundamentales indicados no puede quedar como simple enunciación. Dicho imperativo
recae en el Estado, desde luego que éste –según el Art. 1 Inc. 1° Cn.– se organiza para la
consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Obviamente, la tutela de
los derechos fundamentales de la persona humana –orígen y fin de la actividad del
Estado– contribuye a la consecución de aquellos valores. Por el contrario, la omisión o
infracción de la tutela indicada, atenta contra los mismos valores o los afecta
negativamente.
B. Debe entenderse que la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien
común, dentro de un Estado Constitucional de Derecho, depende o puede depender de la
forma en que la legislación secundaria adquiera desarrollo, con apego en la Constitución
en forma integral, esto es, sin menoscabo de su amplio contenido y de su espíritu,
cualesquiera sea o fuere el grado de evolución de aquella legislación.
En ese sentido, la legislación secundaria debe caracterizarse por su constitucionalidad,
esto es, por ser la conductora de aquellos valores supremos, a efecto de que al aplicarse
a los hechos o aconteceres jurídicos –concretos– por los responsables de su observancia,
especialmente, en circunstancias conflictivas o litigiosas, estos mismos valores
representen claramente el soporte jurídico pertinente de las distintas actuaciones y
resoluciones de parte del Estado o de sus funcionarios.
C. Dentro de esa concepción, la legislación penal, tanto en materia sustantiva como en
materia procesal, debe representar con énfasis especial, el objetivo primordial de tutela de
los derechos fundamentales. Es que no puede dejar de observarse que para prevenir y
sancionar la violación de cualesquiera de los derechos fundamentales citados en el texto
constitucional, éstos tienen verdadera tutela en el ámbito de la legislación penal.
Con todo, los sujetos que aparezcan como posibles responsables de las
violaciones de facto de los derechos subjetivos constitucionales, de acuerdo a la
legislación penal, deben someterse al juzgamiento que corresponde, la que incluye la
sujeción de medidas razonablemente establecidas, a efecto de asegurar la tutela de