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B. En relación con lo anterior, cabe preguntarse cuál es el medio idóneo para justificar la
razonabilidad de una concreción normativa –ya sea simple regulación o una limitación– en
un proceso de inconstitucionalidad.
En ese orden, es inevitable que la competencia de este tribunal no puede extenderse a
verificar si en el mundo real existe un perjuicio irrazonable y desproporcionado resultante
de la emisión de una ley que regule un derecho constitucional y mucho menos comprobar
si los efectos de dicha ley han contribuido a mejorar las condiciones de vida reales –
Sentencia de 15-III-2002, pronunciada en el proceso de Inc. 30-96–.
C. Por lo tanto, el análisis de las razones que justifiquen la emisión de una ley reguladora
de derechos constitucionales debe basarse –por orden de prevalencia– en los siguientes
documentos: (i) el informe rendido por la autoridad emisora de la norma en el proceso, ya
que se entiende que dicho informe contiene una argumentación reflexiva orientada
primordialmente a la defensa de la norma impugnada; (ii) los Considerandos de la ley; (iii)
el texto mismo de la ley; y (iv) los documentos oficiales previos a la emisión de la ley que
sean de contenido técnico, mediante los cuales se propone a la autoridad emisora, la
elaboración de la norma impugnada.
IV. Corresponde ahora abordar la delimitación conceptual de los extremos del conflicto
para, luego, deslindar bajo parámetros de razonabilidad –y desde un nivel abstracto– la
estrecha relación entre ellos.
1. A. El art. 2 Cn. claramente consigna dos materias: la primera, contiene la enumeración
de ciertos derechos subjetivos que se consideran fundamentales para toda persona
humana: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad,
a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión”; la segunda, establece el imperativo
jurídico de protección para la conservación y defensa de aquellos derechos: “y a ser
protegido en la conservación y defensa de los mismos”. Se trata, en este último contenido,
del imperativo jurídico-constitucional de tutelar los derechos fundamentales como
consecuencia de su reconocimiento.
Tal derecho, interpreta esta Sala, se ha instaurado con la finalidad de darle vida a todas
las categorías jurídicas subjetivas integrantes de la esfera jurídica del individuo, al poder