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una aparente igualdad, sino que ésta debe estar respaldada, en el presente caso, por los
principios que rigen nuestro ordenamiento procesal penal, además de las circunstancias
que rodean la comisión de un hecho delictivo. Si bien es cierto que la privación de libertad
debe ser la excepción, no por ello, se debe vulnerar la seguridad jurídica, aplicando
medidas sustitutivas en forma general y discrecional.
Para ejemplificar de una mejor manera los anteriores conceptos, se refirió a algunas
consideraciones que el Tribunal Constitucional español ha sentado para enfrentar los
problemas que pueden suscitarse entre igualdad e independencia judicial, extrayendo
algunas reglas generales de aquellos supuestos en que la actuación jurisdiccional puede
ser constitutiva de una violación al principio de igualdad, por inaplicación de precedentes
establecidos.
Debe existir una identidad de supuestos de hecho para que sea aplicable el precedente,
de lo contrario, no se vulnera el principio de igualdad, por tanto, cuando los aplicadores de
justicia justifican la inaplicabilidad en jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional,
invocan aspectos generales que no necesariamente son aplicables al caso concreto, por
no existir identidad en los supuestos de hecho.
Otro criterio aplicable –dijo– es que al órgano jurisdiccional al que se le imputa la violación
al derecho de igualdad, sea el mismo que pronunció una resolución distinta como
precedente en un hecho idéntico, no siendo admisible la equiparación si emana de
órganos diferentes y, aun cuando sea al mismo tribunal, no habrá vulneración al principio
de igualdad, si justifica su cambio jurisprudencial.
En efecto –agregó–, según los arts. 149, 185 y 249 Cn., la defensa de la
constitucionalidad corresponde en nuestro ordenamiento jurídico a todos los tribunales de
la República, en razón del principio de interpretación conforme, esto es, que toda norma
infraconstitucional debe obligatoriamente interpretarse de modo que el resultado sea
conforme con la Constitución. Debe entenderse lo anterior, que en caso que una
disposición ordinaria no admita razonablemente una interpretación coherente con la
Constitución, todo juez está obligado a declarar la inaplicabilidad; pero es de aclarar que
el juzgador, para hacer el análisis interpretativo debe tomar en consideración todos los
elementos valorativos y circunstancias como las referidas; no se puede hacer un análisis