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garantizar las resultas de un proceso penal, así como la comparecencia del imputado a la
realización del juicio oral.
A. Lo anterior significa que la detención provisional, no obstante constituir
materialmente una privación temporal al derecho de libertad personal, no lo es a título de
sanción, pues no tiene ese efecto, sino –como ya se acotó– sólo puede tener efectos o
fines procesales, dadas sus características.
Es cierto que la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un
fin en sí misma, pues es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del
proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria (no son penas)
sino instrumental y cautelar; se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los
peligros de evasión de la justicia y que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la
verdad o la actuación de la ley sustantiva. En consecuencia, sólo puede autorizarse la
restricción de libertad de un imputado si se pretende garantizar, con ella, la realización de
los fines del proceso. Por ende, resulta ilegítimo detener provisionalmente a una persona
con fines diferentes o no reúna los requisitos ya señalados.
B. Por tanto, trasladar a la detención provisional uno de los fines de la pena,
supondría una inaceptable tergiversación de la presunción o principio de inocencia, ya
que si todo imputado es jurídicamente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
durante el procedimiento conforme a la ley, ninguna restricción de libertad y mucho menos
privación de la misma, a título de sanción se justifica con anterioridad a la condena, es
decir, la privación de libertad personal debe ser consecuencia de la condena, derivación
del proceso y no requisito del mismo.
Importa por lo anterior observar, en su caso respectivo, la distinción entre la
detención provisional, como medida cautelar, y la privación de libertad, como pena;
porque tampoco es válido sostener, per se, que la detención provisional es y será siempre
una pena anticipada. Su inevitable semejanza con la pena, no debe inducir a confundirlas,
y mucho menos a su manipulación –la de la eventual confusión– para propiciar la
impunidad. Asimismo, ante casos de evasión de otras medidas menos gravosas, la
detención provisional debe reemplazar a aquellas.