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Opinión Consultiva OC-18/03."Condición Jurídica y ... - Acnur

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54los tribunales están basadas en la autorización para trabajar.Los Estados Unidos de América tienen la población más grandede migrantes en el mundo. Para los fines de este escrito, utilizarla cifra 5.3 millones de personas como una estimaciónaproximada del numero total de trabajadores indocumentadosen los Estados Unidos de América, es suficiente para establecerque dicha población representa un factor económico serio y unpunto de preocupación política y humana. Los trabajadoresindocumentados realizan una gran parte del trabajo en las áreasque se caracterizan por los salarios bajos y el riesgo elevado.La practica de amenazar a los trabajadores migrantes condenunciarlos al Immigration and Naturalization Service (INS),con el fin de limitar el ejercicio de sus derechos laborales, hasido común durante muchos años y no ha disminuido desde quese emitió la decisión en el caso Hoffman Plastic Compounds v.National Labor Relations Board.En los Estados Unidos de América no son efectivas lassanciones para el empleador que contrata trabajadores “noautorizados”.La Immigration Reform and Control Act (IRCA)de 1986 establece que el empleador debe verificar la identidad yelegibilidad del personal que contrata. Sin embargo, la leypermite que los empleadores revisen los documentos de unamanera superficial. Los empleadores tienen pocos motivos paratemer que el Immigration and Naturalization Service lossancione por contratar migrantes indocumentados; ven esto másbien, como una decisión legítima que les ahorra costos. Auncuando los empleadores quebrantan la ley, las sanciones ymultas que reciben son bajas y poco frecuentes. Por lo tanto,conforme a la legislación actual, los empleadores puedencontratar a trabajadores “no-autorizados”, beneficiarse de ellosy amenazarlos con denunciarlos al Immigration andNaturalization Service, sin temor a las posibles acciones delgobierno.Algunos trabajadores migrantes, especialmente los “noautorizados”,se encuentran expresamente excluidos de laposibilidad de recibir ciertas reparaciones que tienen a sudisposición los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, en elcaso Hoffman Plastic Compounds, la Suprema Corte de losEstados Unidos de América decidió que los trabajadores “noautorizados”no pueden recibir salarios caídos [back pay] porun despido ilegal como represalia por actividades sindicales,según la National Labor Relations Act, que protege el derechode organizar sindicatos y negociar colectivamente. La EqualEmployment Opportunity Commission (EE<strong>OC</strong>), agenciagubernamental que aplica la mayor parte de las leyes federales

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