Opinión Consultiva OC-18/03."Condición Jurídica y ... - Acnur

64ingreso de migrantes irregulares a los Estados. Por el contrario,promueve que empleadores inescrupulosos contraten a mástrabajadores que se encuentren en esa situación irregular, debidoa la posibilidad de someterlos a condiciones extremas de trabajosin que exista represión por parte del Estado. Si los trabajadoresindocumentados se organizan para reclamar sus derechos, losempleadores podrían recurrir a denunciar su situación deirregularidad y de esta forma evitarían cumplir con las normaslaborales mínimas.Una política de control de inmigración más apropiada deberíaaplicar penas severas a quienes contrataren a migrantesirregulares, pese a conocer o debiendo haber conocido su estatusmigratorio, con el propósito de beneficiarse de la posibilidad deofrecer garantías laborales inferiores. Varios Estadosamericanos no tienen legislación que penalice este tipo deconductas, y en los Estados que han establecido multas sereconoce que no son lo suficientemente severas como paradesalentar la contratación de trabajadores en situación irregular.El estándar de interpretación que se propone no restringe elderecho de los Estados de aplicar las penalidadescorrespondientes, tales como la deportación de las personas queincumplan las disposiciones contenidas en la legislacióninmigratoria o que de cualquier forma violen las normas penalesde derecho interno. Aunque un individuo se encuentre sujeto adeportación por haber sido encontrado en forma ilegal en elterritorio de un Estado, este último debe cumplir con susobligaciones de respetar los derechos fundamentalesconsagrados en los instrumentos internacionales de derechoshumanos.En conclusión, la denegación a los trabajadores indocumentadosde estándares laborales mínimos, entendidos como el derecho alos beneficios salariales en sentido amplio, sobre la base de suestatus inmigratorio, es contraria al derecho a la igualdad ante laley, en razón de que constituye una medida desproporcionadapara alcanzar los fines de política inmigratoria que persiguen losEstados que aprueban esta práctica.Centro por la Justicia y elDerecho Internacional(CEJIL)En sus intervenciones escritas y orales, manifestó que:La consulta de México está directamente relacionada con unasituación práctica de suma gravedad, por lo que será de granutilidad para la región.Este amicus curiae se centra en las preguntas 1.1, 2.1 y 2.2 de lasolicitud de opinión consultiva.