sexual”

de los representantes legales de la niña. Como tal acto procesal no había sido
efectuado ni se había ratificado la denuncia realizada por un agente de salud de
establecimiento público, el delito quedó impune, aun cuando la fiscal efectuó
la correspondiente acusación. No consta en la sentencia que la niña haya sido
oída ni tan siquiera mención de alguna participación en el juicio a tono con la
Convención de Derechos del Niño.
Cabe resaltar que al momento de la sentencia estaba vigente la ley 26061
que dice en su art. 3º in fine: Cuando exista conflicto entre los derechos e
intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos intereses
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros y estaba vigente la Convención
de Belem do Para que ordena los Estados investigar y sancionar los crímenes
basados en la violencia de género 7 .
El carácter de delitos concernientes al ámbito privado se patentiza en que
históricamente las mujeres y los niños/niñas quedaron fuera del pacto social y
fueron objeto de tutela, sea por el pater o directamente por la regulación del
Estado 8 y ello se revela en sentencia nº 46/2006 CC 2 SR antes comentada.
Los jueces agregan que el padre de la niña ha manifestado que: es su decisión
mantener a resguardo lo más posible a su hija, teniendo en cuenta todo lo que
está pasando con su enfermedad, no quiere exponerla más todavía 9 y resaltan
7 No se duda que el imputado tiene derecho a un juicio justo, tanto como la niña a que el
hecho no quede impune. Aquí el discurso jurídico desarrolla acabadamente la lógica binaria
que lo caracteriza: condenar o absolver, mientras que el deber legal que les correspondía a
los jueces era integrar de algún modo la ratificación de los representantes legales a la causa
para defender el superior interés del niño. En tal sentido debe resignificarse y armonizarse los
derechos de cada uno atento lo que dispone la última parte del art. 3 de la ley 26061. Desde
la victimología como desde los estudios de género no se impulsan sanciones ni la vulneración
de garantías constitucionales de los imputados Advertimos en esta sentencia que los rituales
jurídicos y las prácticas acendradas de los operadores dificultan la aplicación de nuevas leyes y
inaplican el paradigma de derechos del niño.
8 Dice Graziosi: “En el campo del derecho civil y del derecho penal, por el contrario la
presencia regulada de lo femenino ha asumido el sentido, por un lado de una limitación de
las libertades; por otro, de una regulación de los deberes específicos de las mujeres” (Ruiz,
2000:137)
9 Si cuando existe la posibilidad de una confrontación de derechos patrimoniales entre un
menor y su representante legal, el Código Civil ordene designar un tutor ad-litem, debería
usarse esa figura cuando hay derechos lesionados del menor y sus padres o representantes no
hacen la denuncia o no la ratifican.
136 - Daniela M.J. ZAIKOSKI BISCAY