sexual”

26.485, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, normas sobre
el acceso a la justicia y las acciones concretas que se llevan a cabo.
Observamos durante el desarrollo de la investigación que no se toman
en cuenta los verdaderos alcances de una interpretación integral del texto de la
ley 26.485 y a su vez están incumpliendo con la normativa internacional que
regula la materia.
En tal sentido compartimos lo que dice Bergallo (2012) acerca de:
la existencia de una práctica contra legem que pocos reconocían como tal
hasta que la Corte lo puso en esos términos. En la medida en la que quienes
deberían ‘sentirse obligados’ por el derecho no lo estén y la tolerancia a las
prácticas ilegales sea tan extendida (Bergallo en Infojus, 2012:400).
Esto que la autora dice respecto a los servicios de atención de abortos
no punibles, se torna también aplicable al caso de los servicios de atención que
dispone la ley 26845 hacia las mujeres, niñas y niños violentados de parte de
los operadores y de los institucionales estatales, cuyo acatamiento no es sentido
como un deber.
Los objetivos que nos propusimos fueron: identificar las instituciones
(judiciales, policiales) que abordan el fenómeno de la violencia sexual contra
mujeres en la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, describir el
fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres, específicamente en la
Primera Circunscripción Judicial de La Pampa y analizar la importancia de
las percepciones que tiene acerca del fenómeno los distintos operadores
involucrados, (policía, defensores civiles, fiscales) que están en contacto con
las víctimas.
Como eje de esta parte del informe hemos analizado el funcionamiento
de instituciones judiciales/administrativas en consonancia con las pautas
normativas (Ley provincial 1918, Ley nacional Nº 26.485, Código Penal,
Código Procesal Penal de la provincia e instrumentos internacionales) que
aportan una guía para los distintos operadores del derecho en el campo de la
violencia de género, específicamente en los delitos contra la integridad sexual.
Para ello, además del relevamiento documental de las normas aplicables,
218 - Claudia MACHADO