sexual”

formación de operadores de salud, en educación y jurídicos puede favorecer
la detección temprana incluso la prevención de la ocurrencia del hecho de
violencia sexual.
Del lado del victimario, la selectividad con que opera el sistema penal es
alarmante tanto como que se permita que los operadores utilicen todo tipo de
técnicas para neutralizar el delito y ello no constituya una injuria en juicio para
la víctima.
Durante el tiempo analizado, pudo observarse distinciones en los fallos
provenientes de los distintas Cámaras Criminales. Los más flexibles y hasta
desaprensivos ante la comisión del delito, su consecuente investigación y
condena han sido los camaristas de General Pico, quienes paradójicamente han
tenido un mayor número de disidencias 1 cuyo estudio y análisis ha resultado
muy interesante.
Respecto de las Cámaras Criminales de Santa Rosa, si bien pudo obtenerse
algún dato -no menor- respecto al monto de la pena impuesta al victimario en
caso de condena, tampoco puede decirse que alguna de ellas se distinguiera por
sobre la otra.
Menos aún surgen evidencias de que las mujeres como operadoras jurídicas
hayan hecho la diferencia en los casos. Casi no hay votos en disidencia, las
mismas no necesariamente las hacen las mujeres, de quienes podría predicarse
tienen una idea particular del delito en función del género.
Estas consideraciones no abren juicio acerca de la calidad profesional ni
mucho menos moral de las personas que ocupan los cargos ni otros operadores
como pueden ser los letrados/as defensores o fiscales intervinientes. El
positivismo jurídico cala tan hondo que con pensar que aplicando el código se
cumple la ley parece que es suficiente. El poder atribuido a la ley es uniformador,
lo que nos devuelve a la idea de completitud, universalidad y abstracción del
discurso jurídico.
No es un dato menor que el discurso de los derechos humanos y los
1 Ver análisis de los casos de General Pico 3327/96, 4509/2000 y 7425/2006 entre los más
importantes.
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN - 249