sexual”

significados discriminatorios atribuidos al contexto social y a las personas
involucradas en las sentencias.
Conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo
se podrán admitir como ocurridos los hechos o circunstancias que hayan sido
acreditados (con distintos grados de convicción, según de qué tipo de resolución
de que se trate) mediante pruebas objetivas, las que no podrán ser sustituidas
a tal fin por elementos puramente subjetivos (prejuicios, impresiones, etc.), ni
por meros actos de voluntad de los jueces.
La finalidad de la motivación 2 de las resoluciones judiciales es contribuir
a que, en todos los casos, se expongan las razones que las sustentan como
uno de los medios destinados, a su vez, a garantizar la recta administración de
justicia.
También responde a la necesidad de que las partes conozcan los
fundamentos de la resolución expedida para que adopten las determinaciones
que les compete al respecto.
La motivación de actos procesales tan importantes como los autos de
procesamiento o de sobreseimiento es consustancial a la necesidad de procurar
siempre una consciente y eficiente realización jurisdiccional del Derecho en
cada caso concreto.
Asimismo es dable destacar que el derecho a la presunción de inocencia
se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas y
suficientes para inferir, más allá de toda duda razonable, que el acusado ejecutó
los hechos que dotan de contenido a la figura típica que se le atribuye 3 .
2 La CSJN en autos “Ferrari N.H.E. y otros c. Consejo de Administración del Instituto
Politécnico Ind. de Berazategui”, sent. de 19/9/1989- que el debido proceso exige que las
sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación
a las circunstancias comprobadas de la causa.
3 En nuestro derecho el principio de presunción de inocencia aparece en el artículo 1º del
Código Procesal Penal cuando determina que “nadie será considerado culpable mientras una
sentencia firme no lo declare como tal”. A su vez este principio lo podemos apreciar más
claramente a través de distintos pactos internacionales como en el artículo 11º inciso 1º de
la Declaración Universal de los Derechos Humano determina que: “Toda persona acusada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa”. Este derecho además se encuentra ratificado por el artículo XXVI
196 - Cecilia OLIVIERI