Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

De esta corriente histórica se sustrae quien considera que como juez
de tutela puede ser el “ojo de Dios” que dicte la verdad, el punto final
luego de la cosa juzgada.
Pero esta elaboración de impecable lógica sobre la cosa juzgada resulta
en ocasiones hiriente; el debate puede ser cerrado por un asaltante
o un tramposo que actúa falsamente como juez vulnerando los
derechos fundamentales de una de las partes.
Es el riesgo de la administración de justicia que no lo soluciona el
juez de tutela, que a su vez puede ser el asaltante; de hecho, por estos
días se ha dictado resolución de acusación de prevaricato contra un
magistrado por su actuación como juez de tutela. Y, es aquí donde
debe volcarse el juicio de la necesidad, para advertir que sí hay medios
judiciales alternativos para defender al ciudadano de los excepcionalísimos
errores judiciales, tanto en lo penal como dentro del mismo
proceso ordinario con el recurso de revisión. Este mecanismo ofrece
una mayor y eficaz protección colectiva al obrar penal y disciplinariamente
contra la fuente de una vulneración de los derechos, y conducir
las cosas a expulsar el juez del cuerpo judicial.
En el colofón de la sentencia C–543 de 1992 la Corte Constitucional,
en ejercicio de una autofagia argumentativa, se preguntó por lo que
no cabía preguntarse luego de asentar que era una falacia el error
judicial: ¿Cómo no remediar el falaz error judicial –exagerado y
para casos de contornos hábilmente dramatizados– como lo descalifica
la misma sentencia? Y la respuesta es una puerta hechiza de
una muralla, la de que frente a actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de los cuales se desconozcan o amenacen
derecho fundamentales o cuando una… decisión pueda causar
perjuicio irremediable pueda obrar la tutela contra sentencia; la
incoherencia de esta aseveración salta a la vista si, renglones seguidos,
en la parte resolutiva de la sentencia se declaran inconstitucionales las
normas –artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991– del Estatuto de
Tutela que la autorizaban contra sentencias judiciales.
Es también falacia tal pregunta y tal respuesta sobre la que se erige
la tutela contra la sentencia judicial, pues es un juicio inconcluso,
limitando el escenario al juez de tutela y desconociendo la existencia
de acciones judiciales para juzgar al juez violador de derechos, y a los
recursos ordinarios y extraordinarios para remediar errores judiciales
existentes dentro del proceso.
De la excepción a lo usual
Es intolerable para la Constitución Política, según lo dictado por la
Corte Constitucional, que haya tutela contra sentencia judicial; solo
la admite para casos extremos y excepcionales, esto es, bajo un enfoque
ponderativo no se justifica a la luz de la proporcionalidad, que lo
que se acepta como expediente por extraordinario sea patente para
actuaciones ordinarias, cotidianas, para invadir la competencia de los
jueces especializados por los de otra jurisdicción, o para los de rango
inferior dictar cátedra a sus superiores, como lo revela la práctica
judicial. Hay una desproporción entre la protección al derecho que
se invoca como vulnerado y el efecto devastador en otros derechos,
principios e instituciones.
Lo que ha ocurrido es que se ha cambiado el “ADN constitucional”
de la tutela, como reserva de anticuerpos de la rama judicial contra
su enemigo: el juez prevaricador, para convertirse en enfermedad
autoinmune, en mecanismo que se acciona indistintamente para
atacar cualquier órgano, sin distinguir aquel monstruoso enemigo sino
a todo juez con quien se discrepe en la interpretación del derecho.
No es esta una descripción exagerada, es la que refleja una situación
usual y corriente. Ciertamente pocos jueces en la República no han
sido accionados en tutela por sus sentencias, y a muchos se les ha
calificado pródigamente como violadores de derechos fundamentales.
Se ha depauperado el significado de tal señalamiento.
El orden jurídico que se basa en la independencia
de los jueces desaparece cuando alguna de sus
Cortes proclama que el respeto de los derechos
fundamentales no se determina a partir de la
visión que cada juez tenga de ellos sino del
alcance que le fije la Corte Constitucional.
Los modelos de la tutela según la versión del error
judicial
Aquella pieza que les permite obrar a los jueces contra sentencias
judiciales se innova periódicamente con modelos o nuevos elementos
que amplían el campo de acción de la Corte Constitucional, haciendo
más pesante y desproporcionada la invasión de competencias a las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa.
El elemento más proteico de la pieza nueva ha sido el de la vía de
hecho; de aquel error que solo tiene explicación en una actuación
abusiva y caprichosa de un juez, que rompe cualquier atadura con el
derecho, la Corte Constitucional ha hecho una elaborada doctrina: 2 a)
del error sustancial; b) del orgánico; c) del procesal; d) del probatorio,
y cada uno con su propia dinámica expansiva.
2 Corte Constitucional, SU–014 de 2001.
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