Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

está empeñada– ha perfilado una sólida línea de interpretación
que le permite reclamar una vasta participación en su defensa.
Como muestra de ello, durante el año 2005 la Sala de Casación
Penal, de las múltiples tutelas que se sometieron a su consideración,
en 331 casos decidió que el amparo resultaba procedente
para la protección de derechos como el de la libertad, la salud
en conexidad con el de la vida, el de petición, el de igualdad
y el debido proceso, entre otros. Todo bajo el convencimiento
pleno de que la justicia del Estado democrático es la justicia
de los derechos humanos. Por supuesto, en tal concepción, en
tal convicción, en tal proceder y en tal compromiso la Sala de
Casación Penal concuerda a plenitud con las otras Salas que
integran la Corte Suprema de Justicia, que en esta materia no
tiene ni fisuras ni excepciones.
Ello significa que la Corte Suprema sabe bien que como máximo
tribunal de la justicia ordinaria su papel no es el de restaurar
la vigencia de la ley formal, sino su contenido material; que su
tarea consiste en edificar precedentes asentados en el propósito
de lograr la efectividad del derecho sustancial, el respeto a las
garantías fundamentales de los intervinientes, la reparación de
los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia.
No es poco, y lo hace en el marco de las tensiones entre la
seguridad jurídica y la justicia, firmemente convencida de que la
primera no se identifica con la mera noción de legalidad formal,
sino con la protección de bienes jurídicos fundamentales para
la realización de la convivencia social.
En ese orden, en la construcción del orden justo al cual la
Constitución aspira, parte del respeto por la base empírica de
los enunciados normativos y segura de que su relación con los
principios políticos de la Constitución posibilitan la identidad en
el tratamiento de supuestos de hecho iguales. Pero no se trata
solo de reiterar respuestas con la pretensión de realizar el ideal
de igualdad, ni de reconocer la validez de los precedentes como
apoyo de una mejor argumentación, sino de reconocer que las
decisiones coherentes auspician la seguridad jurídica, entendida
esta como “la exigencia de que la legalidad realice una cierta
legitimidad, es decir, un sistema de valores considerados como
imprescindibles en el nivel ético social alcanzado por el hombre
y considerado por él como una conquista irreversible” 2 .
Desde el punto de vista acabado de ver, debe anotarse que una
decisión que respete los axiomas del Estado y el contenido
vinculante de los derechos humanos resulta de suyo intangible
e inmodificable. Claro, porque si en su momento la validez y
legitimidad de las decisiones y su vocación de cosa juzgada
radicaban en la vinculación irrestricta de la sujeción del juez
a la ley, ahora lo son por el respeto por los valores y principios
constitucionales, máxime si “existe una diferencia entre un modelo
de interpretación valorativo o abierto, que otorga un papel
preponderante al juez en la protección de derechos y un modelo
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de interpretación positivista o autosuficiente que concentra la
protección de derechos en la regla general positiva, y de manera
especial en la ley y el proceso político que le antecede” 3 .
Ello supone, por supuesto, el respeto por una judicatura independiente
y autónoma, sin interferencias, pero consciente a su vez de
su vinculación con los principios políticos y jurídicos del Estado
y de su sometimiento a la ley como expresión de la Constitución,
que ve en la seguridad jurídica el presupuesto de las libertades y
derechos fundamentales y no la consecuencia de estos.
Todavía más: la noción de justicia solo se entiende en función
de la independencia judicial y se funda en la acabada idea
de que la jurisdicción termina en los órganos de cierre de la
Constitución, pues al fin y al cabo al decir el derecho, por última
vez, con sujeción a principios y valores que reflejan incluso el
pluralismo de sus integrantes, no hacen más que decir lo que la
ley dice, en todo caso, y siempre, de acuerdo con la Constitución
del Estado democrático y con la filosofía siempre inaplazable de
los derechos humanos.
De allí que cuando se irrumpe contra la autonomía de los
jueces se obstruye la administración de justicia, se desconoce
la estructura descentralizada de las jurisdicciones, se impide la
preservación de un orden justo y se afecta en general el interés
que la sociedad tiene en la estabilidad de las decisiones.
La autonomía de los jueces no puede verse perturbada, ni aun
pretextando la facultad de controlar la constitucionalidad de
sus actos, máxime cuando en el marco del respeto por el plexo
de valores de la Constitución crean certeza con sus decisiones,
conforman postulados que sirven con vocación de uniformidad
al mantenimiento de la estabilidad de las instituciones y
realizan la unidad del ordenamiento jurídico sobre la base de
una axiología consensuada desde el plano constitucional que se
legitima por la carga argumentativa de la decisión.
Ese es el papel del juez de los derechos humanos y allí radica
la fuerza vinculante de sus decisiones.
En resumen: si a la tutela como instrumento de protección de
los derechos fundamentales, sí a la seguridad jurídica, sí a la
independencia judicial y sí a la intangibilidad de la cosa juzgada.
Por el contrario, no a la tutela por divergencias interpretativas
y no al desconocimiento de la sentencia de constitucionalidad
C–543 de 1992, dictada por la Corte Constitucional.
2 García Manrique, Ricardo. Acerca del valor moral de la
seguridad jurídica. Universidad de Barcelona.
3 García Villegas, Mauricio. “Las fronteras del derecho”, en Revista
de teoría del derecho y análisis jurídico, número 8, Universidad
Nacional de Colombia, 1998.
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