Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

Justicia y seguridad
jurídica
La seguridad jurídica es un producto de la modernidad,
del Estado demoliberal. Para entender su
inmensa importancia baste considerar que en la
antiguedad y en el medioevo no existía una división
de poderes en la forma como la concebimos hoy
y estos no estaban sujetos a una normatividad
positiva que fuera expedida por un órgano de elección popular, por lo
cual la legislación era precaria o francamente inexistente.
En sus orígenes la seguridad jurídica tuvo un nítido contenido libertario
y nació como una respuesta a la necesidad de imponer claros
límites al absolutismo y resguardar, al mismo tiempo, un ámbito de
libertad para los asociados. Es decir, a partir de entonces se precisan
las ideas de derecho y justicia, con fundamento en el pacto social
de los integrantes de la sociedad, en un claro intento de superar el
modelo absolutista.
Se concibió, en consecuencia, que el ejercicio del poder estuviera
sujeto a la ley, y la legalidad prevalecería sobre la arbitrariedad y la
razón sobre la fuerza.
Al comienzo de ese nuevo esquema rige un concepto formal de ley
–válido en tanto fuera expedida por el órgano competente– y la justicia
constituye un momento de la adjudicación normativa. Por eso la
misión del juez no era otra que la de ser la boca de la ley, destacándose
la corrección del silogismo en el fallo; de ahí que se entendiera que
no había lugar a interpretarla cuando su sentido literal fuese claro. En
resumen, el dogma de la ley surge como manifestación inequívoca del
sometimiento de los poderes públicos a la voluntad general y como
emblema de la reacción contra el absolutismo y la concentración de
poderes.
Corte Suprema de Justicia • Revista 21
MAURO SOLARTE PORTILLA
PRESIDENTE SALA DE CASACIŁN PENAL, 2006
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Puede decirse que hoy en día la seguridad jurídica sigue siendo una
institución dedicada a afianzar la libertad y la igualdad, a hacer justicia.
Sería impropio sostener que esas ideas, que en su momento tuvieron
una poderosa connotación revolucionaria, resultaran despreciadas por
la pérdida de la perspectiva y del contexto, es decir, examinando el allá
y el entonces con criterios del aquí y del ahora.
No se trata, pues, de renegar de los orígenes de la seguridad jurídica
sino de reformular sus contenidos para hacerlos compatibles con
los fundamentos de las democracias contemporáneas: la dignidad
humana, los derechos fundamentales y la democracia participativa
y pluralista.
Empero, no puede resultar desconocido que en un momento de la
historia el modelo demoliberal, tan importante para superar el absolutismo,
se mostró incapaz para dar respuesta a nuevas concepciones
sobre la democracia, el derecho y la justicia.
Surgen entonces concepciones compatibles con la idea de justicia
material. Se plantea que la fuerza normativa de la Constitución es
indispensable para la construcción de un orden democrático fundado
en la dignidad y en los derechos humanos; que la interpretación está
sujeta a principios no solo jurídicos sino políticos; que la ley es la
manifestación de un proceso participativo, y que su validez depende
de la coherencia interna y sistemática de sus textos. En fin, se busca
la concordancia real de sus enunciados con los principios fundantes
del Estado y con los derechos humanos. Se abandona la exégesis pues
ahora la ley tiene un contenido más dúctil y el juez puede y debe
abandonar su literalidad para reconocer la vigencia de principios constitucionales
que la trascienden y la dotan de sentido. Este pasa a ser
realizador de los contenidos materiales de las disposiciones jurídicas