Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

No es tarea de la judicatura
sacrificar la justicia en el
mismo altar en el que se
ha inmolado la seguridad
jurídica.
que comienzan en la ley, pero que se sustentan en la Constitución
Política y en el bloque de constitucionalidad.
La argumentación no es teoría justificativa de una decisión. Es el método
de realización de valores, principios y garantías constitucionales,
cuya protección es necesaria para lograr el ideal de dignidad humana
en que el Estado se funda.
Dicho de otro modo: mientras la decisión judicial se halle más cerca de
los principios y valores referidos, mayor legitimidad tendrá y también
más seguridad de que será obedecida.
Sin embargo, ahora como antes, es lo cierto que graves riesgos se
ciernen sobre el principio de la seguridad jurídica, aunque de distinta
naturaleza. Antes eran los autoritarismos, ahora la inflación normativa
que hace cada vez más incierto su conocimiento, y el decisionismo
judicial que, so pretexto de proteger los fundamentos de las democracias
constitucionales, desdeña el contexto de las tensiones entre
la seguridad jurídica y la justicia.
Conviene tener muy claro que no es tarea de la judicatura sacrificar
la justicia en el mismo altar en el que se ha inmolado la seguridad
jurídica, pues en tal caso aquella solo conservaría un nombre, pero
su esencia y sentido se habrían perdido. Es preciso encontrar un
punto de equilibrio ya avizorado por Radbruch: “Tenemos que buscar
la justicia, pero al mismo tiempo tenemos que mantener la seguridad
jurídica, que no es más que un aspecto de la misma justicia y
reconstruir un Estado de Derecho que satisfaga a ambas ideas en la
medida de lo posible” 1 .
1 Pérez Luño, Antonio Enrique. La seguridad jurídica. Barcelona.
Ariel S.A ., 1991. P. 62.
Nadie discute hoy por hoy que en el mundo del derecho resulta imposible
la pretensión de una única respuesta correcta y menos que pueda
encontrarse con exclusividad en la jurisdicción constitucional.
Los jueces operan con hechos, valores y normas. Su misión consiste
en acudir a esas herramientas con el fin de construir decisiones coherentes
con el sistema normativo en su conjunto y con la justicia como
valor superior del ordenamiento jurídico. Un esfuerzo responsable
en tal dirección, y no su habilidad para identificar una inexistente,
infalible y matemática respuesta única, es lo que legitima sus fallos y
lo que genera seguridad jurídica.
El proceso judicial no es, por supuesto, un escenario propicio para
la violación de lo derechos fundamentales, sino precisamente para su
realización, para su preservación. Las normas procesales no deben
contrariar la Constitución, sino desarrollarla. No es casual, entonces,
que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), por ejemplo,
consagre como principios rectores y garantías procesales la dignidad
humana, la libertad, la prelación de tratados internacionales, la
igualdad, la imparcialidad, la legalidad, la presunción de inocencia e
in dubio pro reo, la defensa, la prevalencia del derecho sustancial,
los derechos de las víctimas, la lealtad, la gratuidad, la intimidad, la
contradicción, la inmediación, la concentración, la publicidad, el juez
natural, la doble instancia, la cosa juzgada, el restablecimiento del
derecho, la cláusula de exclusión, la integración y la prevalencia de
las normas rectoras, entre otros.
Todo el proceso, decantado a lo largo de los siglos, está diseñado para
que las garantías de quienes en él intervienen se cumplan rigurosamente.
La totalidad de las normas procesales desarrolla los principios
enunciados: las que regulan el derecho de postulación, la intervención
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