Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

fundamentales se realiza en un entorno jurídico conformado por la
totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico.
La tutela misma, que por fuerza de la jurisprudencia constitucional lo
es también para proteger derechos conexos con los fundamentales, no
sirve tampoco para circunscribir una jurisdicción sobre el que la Corte
Constitucional pueda actuar sin invadir otras competencias.
El diseño constitucional, en respeto a la tradición jurídica colombiana,
es el control difuso de la Carta Política; si la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado tienen competencias de constitucionalidad –de una
Constitución mirada como un todo– ¿por qué ha de existir un órgano
unificador de la jurisprudencia?
No se desconoce el papel preeminente que a la Corte Constitucional
le concede la Carta Política, sino que esta lo cumpla a través de los
mecanismos de los que para el efecto fue dotada. El ministerio constitucional
lo cumple dictando sentencias en sede de exequibilidad,
sin que luego de su pronunciamiento pueda algún juez considerar en
contrario para aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Por lo demás, a la función de unificación de jurisprudencia no necesariamente
le ha de seguir modificar una sentencia en firme, y tampoco
se puede ejercer remplazando al juez que dictó la providencia
Toda labor de unificación de jurisprudencia se ha de hacer respetando
el principio de independencia judicial, condición para que se haga
dentro de los cauces constitucionales; se ha de ajustar a nuestro sistema
de jueces independientes para los que la jurisprudencia puede
obrar con la mayor amplitud bajo la única condición de que sea por
la fuerza y rigor argumentativo.
Ciertamente la dificultad no estriba en si la unificación de la jurisprudencia
en una función que por añadidura se cumple al revisar
decisiones de tutelas. Lo que entraña dificultad es su invocación para
justificar la suplantación del juez natural, y especialmente en una
construcción en continuo progreso, en la que se ha eliminado el cerrojo
de seguridad para la distribución de competencias, peldaño para
el que le sigue, la proclamación de la obligatoriedad de los dictados
de la Corte Constitucional.
Y, es incompatible con nuestra Constitución la unificación de jurisprudencia
impuesta a garrote, a baculazos de autoridad, que es la
que ha pretendido para sí la Corte Constitucional; ella choca contra
nuestra institucionalidad jurídica y frontalmente contra la independencia
de los jueces, condición para la realización de la democracia
en el poder judicial.
En sustento suyo acuden a elaboraciones en el que nos encuadran
en sistemas ajenos al nuestro el de precedentes judiciales americano,
interpolando aspectos de este en el nuestro, hasta configurar uno por
el que se pueda proclamar que ha llegado el fin de las diferencias
históricas entre la common law y el románico; haciendo símiles
como entre la obligatoriedad de la decisión judicial anglosajona,
con las de nuestra Corte Constitucional en sede de exequibilidad.
Ciertamente la fuerza vinculante de estas decisiones estriba en la
función legislativa de esta Corte, por las que le da acabado final a
la ley; la obligatoriedad por imperio de la ley no es el ejemplo de la
obligatoriedad de la jurisprudencia; basándose en la sentencia de la
Corte Constitucional que moduló la Ley 166 de 1996, de la que hizo
de dos reglones doce incisos, y abarcó materia diferentes de las de las
que se ocupó el legislador.
Y la fuerza de la jurisprudencia, que se pretende erigir en unificadora,
debe partir, como se exige de las Cortes Constitucionales, de la
prudencia en el ejercicio de sus competencias y de la elaboración de
un cuerpo doctrinal bien cimentado, persuasivo, donde su mérito y
credibilidad radiquen en la fuerza de sus argumentos. Así ha cumplido
la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación; le ha bastado
que su doctrina sea meramente probable. No requiere para su eficacia
norma que la declare obligatoria.
El orden jurídico que se basa en la independencia de los jueces desaparece
cuando alguna de sus Cortes proclama que el respeto de los
derechos fundamentales no se determina a partir de la visión que
cada juez tenga de ellos sino del alcance que le fije la Corte Constitucional,
como lo hace esta corporación en la sentencia C–590 de 2005,
y en apoyo de este punto de vista expresa entre otros argumentos que
para la interpretación de las normas constitucionales se debe acudir
a métodos especiales y propios del derecho constitucional. Bien se
puede pasar por alto la dudosa validez de esa tesis, pero no lo que
en dicha afirmación subyace, de que no solo la Corte Constitucional
tiene el monopolio de la Constitución sino de la metodología para su
interpretación, como si todos los jueces en Colombia no fueran jueces
constitucionales.
NOTA DEL AUTOR
Luego de elaborado este escrito, la Sala Laboral, de la que hago parte,
admite tutela contra sentencia judicial de instancia –sentencia
15456 del 12 de febrero de 2007–, dado su fundamento jurisprudencial,
como realidad jurídica incontestable; lo cual no se opone
a lo aquí aseverado: que existe el principio de la cosa juzgada, y que
ello es lo que se pondera; la ausencia de fundamento normativo;
la no procedencia de la tutela contra sentencia de órganos límites,
fuente de invasión de competencias; y el desbordamiento del concepto
de error judicial, que en las providencias de Sala Laboral se
corrige, analizando la decisión del juez a la luz de si cumplen o
no con las reglas mínimas de racionalidad jurídica.
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