Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

Foto: Archivo Syngenta
que la voluntad jurídica sea espontánea, libre de apremios, y refleje
en últimas el verdadero querer de los contratantes. Por supuesto
que así expandidas e intrincadas las cosas, es terreno abonado para
que florezca el perjuicio. Millares de víctimas por cuenta de prácticas
indeseadas en el tráfago de bienes y servicios. La victimización ha
ganado demasiado terreno y es de rigor buscar el modo de la reparación.
En tiempos como los que ahora corren hay consenso en torno
a la protección de las víctimas –tema por cierto de palpitante actualidad–
y existen declaraciones universales que propenden al efectivo
resarcimiento de ellas, sin lo cual, está más que admitido, es difícil
lograr un orden justo y equitativo.
Es lo que sucede en el mundo del consumo, punto que hoy concita
nuestra atención. A buen seguro que algo se ha avanzado después
de 1982, empero aún se camina a tientas en asunto que, por cierto,
concierne absolutamente a todos. Si hay una zona en que todos nos
veamos comprometidos, esa es la del consumo. Consumimos cotidianamente.
Y sin embargo, en el país no hay verdaderas políticas que
traten esta problemática que, a la verdad, crece a ritmos insospechados.
Es de desear que existiera una cultura del consumidor que tenga
por propósito que sepa siquiera cuáles son sus derechos y acciones;
es deplorable que todavía existan consumidores y usuarios proclives a
justificar sus desgracias en el consumo a fuerzas oscuras del destino
o el azar, cuando en el fondo lo que se ha cometido contra él es un
típico fraude. Una cultura, pues, que tienda a secularizar el punto,
principalmente propiciada por el Estado a quien, desde la propia
Carta Política, corresponde velar por los intereses del consumidor;
debiera pues implementar ambiciosas campañas preventivas, con
amplia divulgación tendiente a conscientizar a los consumidores de
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El mundo de los negocios,
la producción a gran escala y
la oferta de bienes y servicios
han acelerado, no solo una
capacidad de consumo,
sino hasta una „necesidad‰
creciente y avasalladora de
consumo consuetudinario.
Las cláusulas de los contratos
no se discuten, a menudo se
imponen.
los derechos que les atañen, para que así no se hagan presa fácil de las
diversas formas que reviste el fraude. De ordinario, el vulgo identifica
el fraude no más que con incumplimiento de garantías y alteración
exagerada del precio, y desconoce otros aspectos que igualmente
hieren sus derechos, en punto por ejemplo de los incentivos de
promociones, utilización ilícita de marcas, propaganda delusiva o
engañosa, y derechos como el de ser escuchado (verbigracia a través
de las asociaciones de consumidores) en la toma de decisiones que
lo afecten. Asimismo, no basta que en el Estatuto del Consumidor
haya procedimientos que tiendan a sancionar a productores, fabricantes,
vendedores e importadores, cuandoquiera que inobserven
sus normas, porque hay necesidad de que ello se complemente con
una clara política resarcitoria para el consumidor, esto es, la víctima.
En una palabra, el consumidor queda desprotegido con que solo se
sancione a quien lo defraudó. Para cuyo fin es preciso dotarlo de
mecanismos expeditos y ágiles que haga menos penosos sus reclamos,
los cuales, para malaventuranza suya, en veces prefiere dejarlos de
lado y más bien resignarse, ante todo cuando se trata de reclamos
de poca monta económica. La gente no denuncia. Y las pocas veces
que lo hace, no se reduce más que buscar a la Policía en busca de
apoyo, pero esta carece de herramientas eficaces para brindárselo,
ante lo cual prefieren la solución sumisa y rápida de que simplemente,
verbigracia, le reemplacen el bien. Más vale –dirá– un mal arreglo
que un buen pleito.
Por encima de todo, empero, es obligación del Estado educar hacia
un consumo responsable y sustentable; lo primero, para procurar
que el consumo corresponda a las necesidades reales del individuo,
y que, por consiguiente, sea coherente en la materia; y lo segundo,