Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

corre paralela a los progresos políticos y a las tendencias del Estado;
desde el Absolutista al Estado de Derecho y a los contemporáneos
Estados Sociales y Constitucionales de Derecho. Es así como en la
época actual el debido proceso se traduce en una garantía política
democrática, consagrada expresamente para la función judicial tanto
en las Constituciones Políticas de los Estados como en los tratados
multilaterales de Derechos Humanos.
Ya decíamos que, en el campo punitivo, las alternativas de procedimiento
se bifurcan en los esquemas inquisitivo y acusatorio, quedando
abierta la opción generalizada de una mixtura que incluye elementos
de los dos. Sabemos igualmente que la disyuntiva apunta a la elección
del sistema más fluido y apropiado para encauzar la defensa de
los intereses en juego y, simultáneamente, conseguir las finalidades
sociales del proceso penal.
El dilema, visto desde esta perspectiva, no es cuestión de poca monta.
Escoger uno u otro sistema, privilegiar uno sobre el otro e imprimirle
dinámica, comprometen la responsabilidad de detener el péndulo de
la historia del lado de postulados más o menos cercanos al régimen
democrático conquistado.
“La importancia del procedimiento –señala Tomás Jofre– ha sido
considerada siempre superior a las leyes penales de fondo. Se concibe
que hayan existido sociedades donde la pena por imponerse dependía
del arbitrio del juez, pero jamás las garantías procesales han tenido
tal laxitud. La necesidad de un código de procedimientos es, pues,
mucho más urgente que la de un código penal. Éste se ha hecho para
castigar a los que infringen ciertas reglas de convivencia social, al paso
que aquel interesa no solo a los culpables, sino que es la salvaguarda
de los hombres honrados. El primero ha sido llamado algunas veces
el código de los malhechores, mientras al segundo se le ha calificado
como el código de la gente honrada. Es que cualquiera –subraya Jofre–
puede afirmar que no matará ni robará, pero nadie puede estar
seguro de que no será procesado algún día sin haber puesto nada de
su parte y a pesar de su inocencia” 9 .
III
Juicio oral, valor de la palabra
Con el trasfondo de aquel dilema, el timón del proceso está girando en
América Latina. Mediante audaces reformas se empieza a trazar hoja
de ruta en dirección al procedimiento oral. La región tomó conciencia
del peligroso abismo que se abre entre Derecho y sociedad, cuando
los ciudadanos sienten lejanas y ajenas las reglas que los gobiernan.
Tomó conciencia del callejón sin salida al que llegaron sus formalismos
inclinados a lo escrito. Por eso, muchos de nuestros países iniciaron su
propia marcha en la vía del Sistema Penal Acusatorio y, ahora, Panamá
fija su mirada en esa misma dirección.
9 TOMÁS JOFRE, Manual de Procedimiento, citado en la Enciclopedia
Jurídica Omeba.
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Les llegó la hora al valor y al poder de la palabra hablada. Valor y
poder cuya fuerza se evidencia en la oralidad del procedimiento que,
a su vez, instrumenta la realización de los principios de publicidad,
contradicción, concentración, inmediación, integración, celeridad y
eficiencia. Principios que entre sí se complementan y desarrollan.
Cimiento de la función judicial que, a su vez, se erige como uno de
los pilares democráticos del sistema recientemente adoptado por
Colombia y algunos de sus vecinos.
En efecto: se ha irrigado por casi todo el mundo jurídico que tiene
influencia en nuestro subcontinente la sistemática procesal penal de
corte acusatorio, cuyas principales características son: la estructura
bifásica del proceso; la configuración triádica de actores. Y, un juicio
oral y público con inmediación y concentración probatoria en la audiencia,
contradicción, celeridad, presunción de inocencia y principio
de oportunidad, valores cimeros que se constituyeron en las puntas
de lanza de las democracias liberales.