Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

sola posibilidad de que así ocurra causa daño a todos y, primero, a la
propia Corte Constitucional.
En el pasado las elecciones de magistrados de la Corte Constitucional
por el Senado de la República han sido procesos de poca resonancia.
En verdad, jamás se han presentado los episodios que rodearon la
integración del Consejo Nacional Electoral. No obstante, nada garantiza
que las nuevas elecciones de magistrados de la Corte Constitucional
por parte del Senado sean igualmente tranquilas.
A pesar del sosiego, tranquilidad y transparencia que han rodeado
hasta ahora la elección por el Senado de los magistrados de la Corte
Constitucional, es notorio el designio de sus magistrados de ampliar
sin límites las competencias de ese Tribunal, hasta llegar a desplazar
al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia de sus naturales
competencias constitucionales, entre ellas el juzgamiento de los congresistas
y la aplicación de la sanción de pérdida de la investidura.
La preocupación por la injerencia del Presidente y del Senado de la
República en la integración de un tribunal que se apropió de funciones
judiciales en casos particulares, que no se limita al estricto
control político del balance de poderes, se acrecienta enormemente
por el ascendiente del mandatario, el momento y la intensión de esa
intervención. La contundencia del discurso del Presidente viene a
reforzar la tendencia expansiva y avasallante que ya hoy forma parte de
la personalidad institucional de la Corte Constitucional, que aun sin la
consigna presidencial ha llegado a extremos insospechados en la monopolización
del poder de decisión sobre casos particulares confiados
constitucionalmente a otros jueces. En ese contexto, el estandarte de
los magistrados postulados por el Presidente y elegidos por el Senado
no será neutral, pues, en la práctica, el Presidente y sus fuerzas en el
Senado les otorgarán una investidura con el mandato, antes inexistente,
ahora explícito y contundente, de erigirse en el órgano único
de cierre, que no es otra cosa que la aniquilación de las competencias
constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
y el desquiciamiento de la Constitución de 1991. Así las cosas, como la
consigna política del Presidente de la República es la consolidación de
la Corte Constitucional como el órgano supremo y esa será la enseña
de sus elegidos, no queda otro camino a la Corte Suprema de Justicia
y al Consejo de Estado, que en esto dependen de sí mismos, que dar
una respuesta política meditando con perspectiva histórica el papel
que han de cumplir en su momento, so pena de la desaparición por el
vaciamiento de sus funciones constitucionales, cometido aniquilatorio
que ha contado con la entusiasta celebración de ese otro ente de origen
político: el Consejo Superior de la Judicatura.
Según el artículo 235, numeral 3°, de la Carta Política, corresponde a
la Corte Suprema de Justicia “investigar y juzgar a los miembros del
Congreso”. Igualmente, el artículo 186 de la Constitución establece
que: “De los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma
privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar
su detención. En caso de flagrante delito podrán ser aprehendidos y
puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación”. Estas
normas son las mismas que estaban vigentes cuando en 1998 la Corte
Suprema de Justicia daba los primeros pasos para el juzgamiento de
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los 108 representantes que absolvieron al Presidente Samper, con su
claridad y contundencia, en ese entonces la Corte Suprema de Justicia
fue sustituida en su competencia constitucional mediante una acción
de tutela que cambió lo que se había dicho en sede de control de constitucionalidad
por la propia Corte Constitucional, decisión adoptada
por una precaria mayoría de 5 votos, uno de ellos depositado por un
magistrado que en su conciencia se consideraba impedido, pero a
quien no se le atendió en el ruego por el que se negaba a participar
en los debates y en la decisión.
Es urgente entonces reclamar que en esta coyuntura histórica se
preserve la institucionalidad, para que, una vez se hallen andando
las investigaciones, unos jueces no puedan ser sustituidos por otros,
en particular para que se preserve la garantía de que el juicio contra
los congresistas comenzará y terminará en la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia sin interferencia alguna. Naturalmente,
el temor de que ocurra esa injerencia está fundado en los
antecedentes, los que a las claras muestran la posibilidad de que esa
invasión ocurra.
La verdad histórica, más tozuda que todas esas construcciones jurídicas
hechas ad hoc, se ha encargado de mostrar el escaso valor social de las
absoluciones hechas al margen o contra la institucionalidad. El conocido
proceso 8.000, que fue originado en los más graves episodios de
corrupción política del siglo pasado, fue cerrado mediante una decisión
dividida de la Corte Constitucional que desplazó a la Corte Suprema de
Justicia en su función de juez natural. Esta decisión cuestionada en su
momento, tomada con una mayoría precaria, sirvió de Ley de Punto
Final al proceso contra el Presidente y los congresistas que entonces
lo absolvieron. Aquellos sucesos y otros recientes muestran la ruptura
radical que hay entre la realidad y la forma, en especial cuando esta
encubre actuaciones inspiradas en la coyuntura y en la dominación
transitoria carente de legitimidad institucional.
La cosa juzgada, valor fundamental en todo ordenamiento jurídico y
sin el cual la seguridad jurídica es imposible, se erosiona severamente
cuando se fracturan las instituciones diseñadas para estabilizar los
conflictos sociales y políticos en el largo plazo, para dar paso a soluciones
transitorias de coyuntura. Así, la historia reciente muestra
pertinazmente cuán mal cerrados quedaron los procesos judiciales
relativos al holocausto del Palacio de Justicia, los magnicidios de Luis
Carlos Galán y de Álvaro Gómez, la financiación de otras campañas
políticas. En el mismo capítulo de heridas abiertas a la institucionalidad
está la absolución al Presidente Samper y la absolución a los jueces
que lo absolvieron hecha por la Corte Constitucional cuando cerró el
proceso seguido contra ellos, en abierto desdoro de la competencia
de la Corte Suprema de Justicia. Los fantasmas de todas esas patologías
graves de la vida nacional, para los cuales el sistema no dio una
solución real sino una salida más política que jurídica, deshacen la
institucionalidad e inhiben la construcción de ese acumulado de capital
moral necesario para la construcción del futuro.
Si en el llamado choque de trenes los políticos corren presurosos a elegir
estratégicamente un vagón, la sociedad civil no puede tolerarlo.
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