Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

La prueba al canto es que el recurso de tutela es uno ordinario que
sigue a la sentencia del proceso; esta tutela nada tiene que ver con la
del 91 pensada para aquellos eventos en los que no alcaza la mano
de juez ordinario –para cuando no existiera otro medio de defensa
judicial– sino para remplazar la mano del juez cuando no satisface
su actuación, y la Corte Constitucional configura esa nueva forma de
tutela al establecer que ella procede cuando se hayan agotado todos
los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial. 10
El desaparecimiento del proceso ordinario como mecanismo principal
de protección de todo derecho –fundamentales, sociales, económicos
o culturales, de raigambre constitucional o legal–, tiene origen en una
declaración inconsistente: que el proceso ordinario es ineficaz para
proteger los derechos fundamentales y conexos.
No se puede desconocer que el prestigio de la tutela radica, justamente,
en lo que ha hecho de ella la jurisprudencia constitucional
en convertirla en el medio alternativo en contradicción expresa con
la Carta Política.
El remedio no estriba en que la tutela sustituya el proceso ordinario
sino que este se modernice –el Estado falta al deber de dotar al país
de la infraestructura suficiente para atender la demanda de justicia–,
10
Corte Constitucional, sentencia C–590 de 2005.
se constitucionalice, dotando al proceso de acciones constitucionales
internas al proceso para proteger de manera expedita la vulneración
de los derechos fundamentales, como lo propone la Corte Suprema de
Justicia; esto es, un escenario en que cada uno cumpla lo suyo, el juez
natural en el proceso ordinario y el juez constitucional en la tutela.
La falacia mayor
Foto: Germán Gómez R.
En 1995 –Corte Constitucional, SU–342–, la racionalidad pretendida
era que aunque existiera en el caso en estudio la posibilidad de acudir
a reclamar los derechos económicos sociales en proceso ordinario,
este no era eficaz para asegurar su protección; y así, vuelve a operar la
conversión de lo excepcional en regla. De todos los procesos ordinarios
laborales se puede predicar que son por principio ineficaces para el
reconocimiento de derechos a la seguridad social, sin cerrar las puertas
a la posibilidad de poder decir lo contrario ad libitum.
Mirando las cosas desde la orilla, los límites que se han trazado para
establecer fronteras entre jurisdicciones, la constitucional por un
lado, y ordinaria y contencioso-administrativa por otro, hallamos un
planteamiento que está en la base de muchas posturas y que es una
verdadera falacia.
En un enfrentamiento entre las jurisdicciones en el sonado caso de las
Empresas Públicas de Medellín, donde se dispuso el reintegro de más
de tres centenares de trabajadores, el mismo que habían negado en
sendos procesos todas las instancias de la jurisdicción ordinaria labo-
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