Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

Saltando sobre
la propia sombra
No obstante estar en juego la democracia
o, en una visión más escéptica, el juego
periódico de elecciones de la que decimos
es una de las democracias más antiguas de
América, ya pocos se conmueven con los
graves acontecimientos que hoy forman
parte del paisaje o el decorado al cual nos estamos acostumbrando,
como secuela de la atonía moral colectiva. No es apocalíptico decir que
en el debate actual sobre la intervención de organizaciones delictivas
en las elecciones están en juego los soportes de una democracia que,
además de la crisis de participación e inclusión, ya de por sí graves,
labra lenta e inexorablemente su propia destrucción.
El rasgo más saliente de una democracia, que no el único por supuesto,
es la libre y soberana expresión de la voluntad popular. Por esa circunstancia,
si en el momento de expresión de la voluntad popular aparece
toda serie de contaminantes, la democracia está en peligro; peor aún,
si de manera elaborada y minuciosa se ha tejido una serie de prácticas
sociales, todas encaminadas a falsear la expresión de los ciudadanos
y a erosionar ese momento sacratísimo de construcción colectiva del
destino y las promesas que la sociedad se hace sobre su futuro.
El clientelismo, la manipulación de los contratos para pagar favores
pasados y comprar los futuros, hipoteca la voluntad de electores
y elegidos a un sistema perverso que se alimenta en cada proceso
electoral. A ello se suma la presencia de dineros ilícitos y, no solo
eso, de organizaciones criminales en las campañas, son los signos
externos de un contravalor que ya echó anclas en la vida nacional: la
mercantilización de la política. Hay entonces una demanda y una oferta
que se mueven al compás de las inexorables leyes del mercado. Como
ese mercado es subterráneo, oligopólico y clandestinos los agentes,
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
MAGISTRADO SALA DE CASACIŁN CIVIL
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la impunidad está casi asegurada, pues se crea un tramado de connivencias
casi imposible de expugnar. Hay códigos de “honor” en la
política, solidaridades y complicidades próximas a los acuerdos de las
sociedades secretas. Lo comunitario se vuelve una identidad hermética,
cerrada, un gueto que recicla un ethos local inadmisible.
A ese espurio mercado ingresaron como demandantes los narcotraficantes.
En busca de un producto y con la palanca de los dólares
se propusieron controlar los centros de las decisiones que podían
afectarlos y, en general, de la vida nacional. Y en la demanda se involucraron
también los grupos paramilitares, interesados en sumar
al control militar el control político que les asegurara, de alguna
manera cierta, legitimidad y prosperidad en sus negocios, entre otros
para dar un zarpazo a los recursos del erario y de la salud, como
ingreso complementario. Esta estrategia emergente que tiene como
objetivo el presupuesto, en la forma de contratos y recursos para la
salud y las obras públicas, funde en una sola caja el presupuesto
nacional y los ingresos por narcotráfico, palanca económica que sin
duda avasalla cualquier genuina expresión de la voluntad popular
que, casi desaparecida en la periferia, apenas subsiste precaria e
impotente en algunas grandes ciudades en ciertas manifestaciones
de independencia política.
Los aparatos políticos regionales estaban en oferta. Estado de cosas que,
sumado a la ausencia de discurso político y la carencia de ciudadanía,
fue el terreno feraz en que esas nuevas formas realizaron fluidamente
la penetración. No hay en lo local y regional una verdadera sociedad
civil, el concepto de ciudadanía está diluido y los partidos políticos
son apenas un apéndice débil al servicio de clanes familiares. Así, el
ejercicio de la política y las condiciones para la participación son en
Colombia un asunto del mapa genético familiar, los cargos y honores
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