Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

múltiples las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los jueces de las
democracias que habían establecido una real separación de poderes.
Fue por eso en Estados Unidos, desde el famoso fallo de Marbury vs.
Madison de 1803, donde la fuerte independencia de la justicia generó
resistencias de parte de los gobiernos, que veían en los jueces un
espíritu de coparticipación, que obstaculizaba los planes y proyectos
emprendidos por aquellos. En 1805, todavía caliente el fallo del Juez
MARSHALL, el Presidente JEFFERSON quiso librarse de los jueces incómodos
para el Ejecutivo. Después de la gran depresión de 1929 en los Estados
Unidos, cuando las políticas económicas del New Deal emprendidas
por FRANKLIN DELANO ROOSEVELT se vieron seriamente obstaculizadas por
la Suprema Corte, este forzó un cambio de actitud de los jueces que,
ante las amenazas de intervención, dieron un viraje y avalaron gran
parte de las nuevas normativas propuestas por el Ejecutivo.
Por su parte, la restauración de las democracias en la post–guerra
fue acompañada de la consagración constitucional de este postulado
judicial, como garantía de legitimidad de sus decisiones, pero ante
todo, como pilar básico para su imparcialidad y la adopción de soluciones
justas en defensa de los derechos humanos. El artículo 10
de la Declaración Universal de 1948 transformó dicho valor político,
que se enunciaba como un derecho de la magistratura, en derecho
concreto de los ciudadanos.
Una nueva perspectiva de tan caro principio emergía.
La necesidad de instaurar mecanismos que aseguraran su cumplimiento
por parte de los Estados era un imperativo categórico.
Se requerían instrumentos serios que afianzaran el avance de la
independencia judicial, de valor constitucional a realidad viviente.
Solo así los ciudadanos, receptores directos de sus bondades, podrían
interiorizar colectivamente el respeto a las decisiones de los jueces.
Una expansión del postulado que lo potenciara, ahora como derecho
fundamental de los justiciables. Y no me limito al sentido burocrático,
sino con mayor énfasis a la implementación de una verdadera cultura
de la independencia, a la colectivización de un sentimiento de respeto
ex ante y ex post a las decisiones del juez, ligados al desarrollo de
la estructura organizacional que controlen la selección y el ingreso a
la carrera judicial, así como el funcionamiento autónomo, desde el
punto de vista económico y financiero y del control de la responsabilidad
de los jueces.
En esta dirección se enmarcan las resoluciones 40/32 de 29 de noviembre
de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de del mismo año de
las Naciones Unidas, que de manera expresa impusieron a los Estados
miembros la obligación de garantizar la independencia de los jueces,
deber que no sustrae a ninguno de los órganos ni funcionarios públicos.
Se hace mención explícita, igualmente, de las distintas formas de
interferencia que el Estado debe impedir, para que la decisión judicial
se adopte “sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones
indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores
o por cualquier motivo”. También prohíbe la ONU que las decisiones
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definitivas de los jueces sean sometidas a revisión de otras instancias,
distintas de las competentes para el recurso judicial “de revisión” o con
la finalidad humanística de “mitigación o conmutación de las penas”
en lo que al derecho penal se refiere, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la ley, advierten tales resoluciones 7 .
De manera paralela y complementaria, Naciones Unidas viene trabajando
denodadamente en la consolidación universal del imperio de
la ley, como única forma de asegurar la libertad de todos. Pero, bien
lo anotaba el año 2004 el señor Kofi Annan, para entonces Secretario
General de la Organización: “El imperio de la ley como mero concepto
no basta. Las leyes deben ponerse en práctica y deben impregnar toda
nuestra vida”. Para eso, “hemos de tomar como base el principio de
que nadie está por encima de la ley” 8 .
Igual precepto se aplica a la independencia del juez en el siglo XXI. La
independencia judicial, como ya se decía, más que un privilegio de los
jueces, es una garantía de los ciudadanos. Para impedir interferencias
indebidas en ella y romper el equilibrio que busca, el sistema jurídico
debe asegurarle adecuadas condiciones internas y externas. Y así lo
han procurado, al menos como cláusulas constitucionales, los países
de allá y de acá, los que aplican el sistema de la common law y los
que seguimos la civil law.
Emergen, en este entramado evolutivo, enredos en la relación Poder
Judicial–poderes políticos, con efectos para la independencia del
juez. Numerosa literatura sociojurídica da cuenta de la expansión del
Poder Judicial y las llamadas judicialización de la política y politización
de la justicia, con la creciente aparición de preguntas acerca de su
legitimidad en el marco de los regímenes democráticos.
Estas inquietudes son las que han llevado, en muchos casos, a
establecer sistemas híbridos o puros de elección de los jueces, con
intervención de actores políticos. Sistemas que fuera de los Estados
7 Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confi rmados
por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de
noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.
8 Mensaje del Secretario General de la ONU al inicio del 59º
Periodo de Sesiones de la Asamblea General en Nueva York. 21 de
septiembre de 2004.
„El único freno a nuestro propio ejercicio del
poder es nuestra propia mesura‰.
Harlan Stone
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