Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

sanciones a través de la crónica judicial o de columnas de opinión
desincentiva el delito.
El sistema oral ofrece una apertura para que la sociedad sepa de las
tareas importantes que se cumplen en los Palacios de Justicia, lo que
se logra de manera directa con la afluencia personal a estas ágoras
modernas, templos y escuelas de los derechos humanos, cuyos más
importantes sacerdotes y maestros deben oficiar ahí, bajo la mirada
atenta de la ciudadanía y de los medios de comunicación que tienen
su propio marco ético-operativo pero cuyos trabajos son de prima
importancia para la vigencia del Estado de Derecho, el que les permite
independencia a manera de contrapoder –no necesariamente en el
simple sentido de réplica sino para la crítica constructiva– en su búsqueda
de la verdad a través del lenguaje y de procedimientos propios
–unidad investigativa– en los que se desdeña la reserva sumarial pero
se reclama con celo el anonimato de la fuente, valiosa prerrogativa de
los regímenes democráticos en los que se permite y hasta se demanda
una gran publicidad aun a costa de colocar a las personas en la “picota
pública”, produciéndose en ocasiones roces y colisiones de los núcleos
densos de derechos esenciales como los de la información y los de la
intimidad personal y la presunción de inocencia, bajo el argumento
discutible pero razonable de que su verdad no siempre coincide con
la verdad judicial y los juicios de responsabilidad periodística no son
los mismos del Poder Judicial.
El expediente penal debe ser también una escuela de socialización
del régimen democrático, de difusión de los derechos fundamentales,
donde el juez, los intervinientes y hasta los particulares sean sus
mejores y principales pedagogos en la firme creencia de que esa tarea
incide en su consolidación y desarrollo porque debe estar presente
en la tensión del momento creador y el transcurso de su normalidad
en relación directa con el arraigo social, para que no se marchite y
en cambio se implanten real y efectivamente en las bases de una
democracia fuerte.
Desde hace años la doctrina y el derecho internacional sobre los Derechos
Humanos venían recomendando el abandono del procedimiento
penal basado en la escritura. Lo consideraban incompatible con la
garantía de los acusados a un proceso público. La Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el proceso penal contienen
disposiciones explícitas sobre la publicidad de los juicios.
10 Citado por Marcos Fernando Pablo y Ricardo Rivero Ortega en
La publicidad de las sentencias en el orden contenciosoadministrativo
Madrid, Edit. Civitas, 2001.
11 LUIGI FERRAJOLI, Derecho y razón. Madrid. Edit. Trotta, 1995.
12 GERARDO REICHEL DOLMATOFF, Bogotá, Edit. Procultura, 1985.
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“La publicidad –resalta por su parte el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos– constituye el más preciado instrumento
de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores.
En último término el pueblo es el juez de jueces. La
responsabilidad de las decisiones judiciales se acrecienta si
tales decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia
pública de las partes y en la propia audiencia, en presencia del
pueblo” 10 . En palabras de Ferrajoli, “la publicidad asegura el
control, tanto interno como externo, de la actividad judicial,
pues el procedimiento debe realizarse a la luz del sol, bajo
el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y
su defensor” 11 .
A estos autorizados argumentos en favor de la publicidad de los procedimientos,
se unen voces de abogados, jueces y los más destacados
tratadistas del mundo jurídico. Desde Bentham y Beccaría hasta
Calamandrei, Bobbio y Ferrajoli.
La doctrina del esquema oral público, que en el fondo evoca las antiguas
prácticas judiciales, es plenamente viable en el naciente siglo.
Los avances de la ciencia en comunicaciones e investigación permiten
seguir en tiempo real los juicios, aun sin que la gente esté de cuerpo
presente en las audiencias, dadas las comodidades que la radio, la
internet y la televisión ofrecen.
Sin embargo, la legitimidad que de esta manera se imprime al procedimiento
verbal no llena sola la ‘esperanzada expectativa’ de la cual
hablábamos al inicio de la intervención. Se cumplirá el cometido en
la medida en que el proceso impregne a toda la sociedad, permitiendo
un acceso mucho menos formalista y más cercano al Derecho, acorde
a las exigencias del hombre del tercer milenio.
Desde la antigüedad, el poder de la palabra hablada
ha tenido la virtud de conjurar los conflictos
humanos y contribuir ágil, eficaz, eficiente y
rápidamente en el hallazgo de la verdad y la
razón.
Y no se puede afirmar que este sea un conocimiento exclusivo adquirido
en la modernidad por los estudiosos del Derecho. Por ejemplo:
para los indígenas kogi que habitan al norte de Colombia, “un juicio
debe ser una enseñanza de la ley” 12 . Para ellos, como para los mayas
de Centroamérica, los juicios son ritos que se conducen a través de
la palabra, dotada de tan profundo significado que hasta le atribuyen
poderes curativos. Es la misma catarsis social que tanto se menciona