Revista No 21, Jun 2007 - Corte Suprema de Justicia

El problema ahora es otro. Al separarse la Corte Constitucional de
la Corte Suprema resultan dos tribunales haciendo nomofilasis de
normas constitucionales. Y en virtud del recurso de amparo o acción
de tutela puede implicarse que la Corte Constitucional, reclamando
su función de máximo interprete de la Constitución, quiera realizar
revisiones posteriores a las efectuadas por la Corte Suprema.
Pero la tutela no es un proceso, no se efectúa en su trámite un conocimiento
completo y especializado del caso concreto para definir o
declarar derecho, apenas permite una revisión ligera a fin de reparar la
vulneración de un derecho fundamental, y con ella se produce una orden
de reparación con un necesario reenvío a la autoridad competente
para su cumplimiento. Su labor nomofiláctica es frente a un derecho
fundamental, no frente al ordenamiento jurídico en general.
El campo de examen del recurso de amparo es funcionalmente más
limitado que el que hace el juez ordinario. Por ello, es claro, que donde
cabe la casación no puede intentarse la tutela, pues existen otros medios
para buscar la tutela del derecho fundamental violado. El artículo 86
de la Constitución dice claramente que la acción de tutela no procede
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial. La
casación como instrumento de defensa del orden jurídico es un medio
judicial idóneo para dicha defensa del derecho fundamental violado.
La casación debe por tanto ser permeable al examen de constitucionalidad
y realizarse en forma exhaustiva para que cumpla a cabalidad
con su función de defensa integral del ordenamiento jurídico. Dicho
examen lo efectúa la Corte Suprema de Justicia, a la que la misma
Constitución le atribuye la competencia como Tribunal de Casación
y se dice que es el máximo tribunal de la justicia ordinaria. Luego le
está asignada la competencia constitucional de realizar la nomofilasis
del orden jurídico y además como tribunal máximo, de cúspide o
de cierre, siendo también el juez especializado en el proceso y en la
materia de derecho respectiva. De allí el absurdo de pretender tutela
contra decisiones de casación. Perdería la razón de ser de la casación,
pues no se justifica sino en un organismo de cierre.
La Corte Constitucional cumple su función de defensa del orden jurídico
por medio del examen de exequibilidad de las leyes. No puede
volver a juzgar el caso concreto porque esa labor le corresponde a la
justicia ordinaria y, de hacerlo, significaría violar el debido proceso
y los principios de seguridad jurídica, autonomía de los jueces y
especialidad, que son derechos también fundamentales de los ciudadanos;
pero aún más grave, el derecho de los personas a tener un
juez independiente, que ha sido una constante lucha en la historia
universal. De ahí que los procedimientos de designación de los jueces
procuren evitar la interferencia política.
La Corte Constitucional no es órgano de cierre en materias cuyo
enjuiciamiento la Carta Política ha asignado competencia a la justicia
ordinaria. El magistrado constitucional es elegido por el Congreso,
tiene origen político porque política es su función de examinar la
exequibilidad de las leyes. Pero de allí a permitirle siquiera un atisbo
a la decisión de los tribunales supremos equivaldría a una contaminación
seria de la política en la decisión judicial. Es inconcebible, por
ejemplo, que las decisiones de la Corte Suprema sobre funcionarios
con fuero constitucional sean revisadas en tutela; sería entregar la
Administración de Justicia a los criterios y decisiones políticas, dar
una válvula de escape, en lo político, a una decisión basada en una
competencia constitucional.
Ante lo expuesto, resulta preocupante la propuesta planteada por el
Gobierno Nacional de reformar la Constitución para permitir tutela
contra decisiones de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de
Casación.
No es de recibo el argumento de que es necesario que la Corte Constitucional
revise las sentencias de la Corte Suprema para unificar la
jurisprudencia de derechos fundamentales. La jurisprudencia sobre
el derecho fundamental que se agita para la tutela contra sentencias
judiciales ya está hecha por la misma Corte Constitucional, y es que no
procede dicha acción contra sentencias. Así se observa en la sentencia
que declaró inexequible una parte del Decreto 2591 de 1991 que
consagraba tal acción 11 . Lo que se ha llamado vía de hecho ya está
definido, luego nada hay que unificar y lo que se haría con semejante
despropósito es romper la función de casación, es decir, quebrar la
unidad y coherencia del orden jurídico en Colombia, poniéndonos en
contravía con el orden jurídico universal.
Conclusiones
En resumen, los aspectos sobre los cuales se deberá reflexionar acerca
del futuro de la casación se podrían concretar así:
• Oralidad en el proceso, incluso en la casación, para poder cumplir
rápida y eficazmente con la administración de justicia.
• Casación discrecional, para evitar congestiones y repeticiones
innecesarias.
• Casación oficiosa, para que se cumpla la finalidad del proceso
que es administrar justicia.
• Mantener las vías directa e indirecta, para no constreñir al juez de
casación en el examen fáctico del caso y en la defensa del orden
jurídico.
• Examen de constitucionalidad dentro del proceso, en todos los
recursos, incluso en el de casación. No puede el juez ordinario
ceder sus espacios como juez constitucional, so pena de que le
sean llenados por terceros invasores.
• Rebajar el rigor técnico y buscar la justicia del caso como finalidad
complementaria de la casación.
• No tutela contra decisiones de casación, para no romper la unidad
y coherencia del orden jurídico.
11 Corte Constitucional, Sentencia C–543 de 1992.
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