SANTOS JULIÁ - Prisa Revistas

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN:
30 PROPUESTAS
La aprobación en el Reino Unido, el
14 de diciembre de 2001, de la nueva
y dura ley antiterrorista impulsada
por D. Blunkett, ministro del Interior del
Gobierno Blair, demuestra los riesgos de
la estrategia nacida el 12 de septiembre
de 2001. Esa ley permite la detención indefinida
de extranjeros sospechosos de terrorismo,
sin que la policía deba ponerlos
a disposición del juez antes de 72 horas; es
decir, rompe con el principio de habeas
corpus que rige en ese país desde 1679.
Además, su aprobación ha exigido la suspensión
del artículo 5 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos apenas 13 meses
después de su incorporación a la legislación
nacional. Para ello, el Gobierno ha
tenido que alegar que el Reino Unido se
encuentra en una de las situaciones previstas
en el artículo 15 del mismo convenio,
“Emergencia o estado de guerra”. ¿Y a
quién se va a aplicar esta legislación de excepción?
Siguiendo los pasos del fiscal general
Ashcroft, que ha desarrollado con
inusitada dureza las posibilidades abiertas
por la U.S. Patriot Act en EE UU, los destinatarios
son los emigrantes que tengan vinculación
con el mundo árabe o la confesión
islámica (en el caso de EE UU, el principio
de sospecha se extiende a todos los extranjeros
residentes con esas características, incluso,
aunque tengan condición de ciudadanos),
que se sitúan así en el punto de
mira de la estrategia desplegada en la guerra
antiterrorista, que hace del hecho de
inmigrar una condición de sospecha.
Política de inmigración y lucha
contra el terrorismo
En efecto, desde el 12 de septiembre, y
ante la prioridad absoluta de esa “guerra”
contra el terrorismo, las políticas de inmigración
han desaparecido –al menos como
prioridad– de la agenda política europea,
salvo en su vinculación a las cuestiones de
JAVIER DE LUCAS
home policy; o, para decirlo con más claridad
y precisión, en su conexión con la dimensión
de seguridad y orden público,
una clave de interpretación del fenómeno
migratorio que la UE parecía haber empezado
a superar tras la cumbre de Tampere
de 1999 y tras la importante propuesta del
comisario Vitorino en su Comunicación
757 final, de 22 de noviembre de 2000.
Detener esa vuelta de tuerca constituye,
a juicio de muchos de nosotros, una
prioridad inexcusable 1 . Y no sólo por la
inadecuación de dicho modelo para ofrecer
una respuesta legítima y adecuada a la
gestión de los flujos migratorios sino, más
sencillamente, porque semejante “política”
de gestión de la inmigración, lejos de
contribuir a la victoria en la batalla frente
al terrorismo, la dificulta. La estigmatización
de la inmigración que trata de llegar
a la Unión Europea (UE), al menos de
una parte importante de ella, la que procede
del sur y del oriente del Mediterráneo
y de países africanos con fuerte tradición
islámica, es un elemento que ahonda
esa “globalización de la rabia”, que es un
factor cuyas causas se deben eliminar si de
verdad nos tomamos en serio el combate
contra las nuevas formas de terrorismo
internacional.
En particular, el síndrome securitario
que está alcanzando la dimensión de un
reflejo condicionado cada vez que se menciona
la cuestión de los flujos migratorios
que proceden de diferentes países del continente
africano y en particular del Magreb,
es aún más contraproducente en un
país como España, para el que la política
euromediterránea, entendida en términos
de construir una asociación mutuamente
beneficiosa y no de edificar un muro que
1 Así lo han advertido, con diferentes argumentos,
Castles (2000), Bauböck (2001), Martiniello
(2001), Zapata (2002) y De Lucas (2002).
nos preserve de las amenazas que llegan
del sur, debiera constituir una prioridad
absoluta. En ese sentido parece más que
preocupante el decaimiento del programa
surgido de la Conferencia de Barcelona,
sobre todo por lo que se refiere a las condiciones
previas de esa política de colaboración
y, no digamos, de asociación: mutuo
conocimiento, cauces constantes de
diálogo y mecanismos eficaces de lucha
frente a los prejuicios. Sin esos cimientos,
no puede consolidarse lo que es más importante,
la existencia y el fortalecimiento
de los intereses compartidos reales.
Hoy, frente a los riesgos denunciados
en aquella conferencia, en particular en su
foro civil y en el foro alternativo, crece
hasta alcanzar casi el grado de obsesión el
viejo diagnóstico del “conflicto de civilizaciones”,
concretado en el fobotipo del
inmigrante de la ribera sur, identificado
en términos acríticos y generalizantes
–pero sumamente eficaces ante la opinión
pública– como fundamentalista islámico
y terrorista, frente a quien (Sartori dixit)
no vale el discurso de la ciudadanía, la democracia
y los derechos, por su carácter
inasimilable e incompatible (una argumentación
que pasa del diferencialismo cultural
–que es el mensaje del nuevo racismo–
a la justificación de discriminaciones inaceptables
en su status jurídico y político).
Lamentablemente, la imprecisión parece
rodear al programa de la conferencia de
Valencia de abril de 2002, quizá la última
oportunidad para recuperar algo de ese
impulso, que no debiera perderse en declaraciones
retóricas que todos comparten
porque no cuestan nada y no se van a
concretar en exigencias de actuación.
Modelos de gestión de la inmigración
La consecuencia de todo ello es volver a
un modelo de gestión de la inmigración
(factor importante pero no exclusivo de la
multiculturalidad, desde luego no en los
32 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n Nº 121