SANTOS JULIÁ - Prisa Revistas

garantía del principio de igualdad; esto
es, tomar medidas no sólo para luchar
contra la discriminación sino también
para garantizar positivamente su equiparación
en esos derechos con los de los
ciudadanos europeos, con especial atención
a los derechos sociales, pero también
a los políticos, comenzando al menos
en el ámbito local. Si apostamos
por la desvinculación mencionada, no
es cierto que la integración y estabilidad
de los inmigrantes legales exija como
condición previa (menos aún prioritaria)
la prioridad de la expulsión de los
irregulares. Por eso es un error presentar
como condición sine qua non las directivas
que parecen constituir hoy la prioridad
exclusiva de la política europea
(lucha contra las mafias y la inmigración
clandestina: por ejemplo, directiva
contra los “pasadores” de inmigración
ilegal y directiva marco sobre responsabilidad
de los transportistas, propuestas
sobre refuerzo del sistema Eurodac recientemente
acordadas en la cumbre de
ministros de Justicia e Interior en Santiago,
etcétera). Ése es un planteamiento
unilateral.
3. Priorizar la lucha contra la discriminación/subordinaciónjurídicopolítica
de género que han creado los
instrumentos de política de inmigración
y que afectan a las mujeres inmigrantes.
4. Reforzar el reagrupamiento familiar
como derecho de todos los
miembros de la familia, sin condicionamiento
de prejuicios etnoculturales.
Insisto, como derecho, no como instrumento
de la política de inmigración,
como un trámite. Así lo exige el Convenio
de Roma.
5. Prestar especial atención a la situación
de los menores inmigrantes y en particular
a quienes se encuentran en territorio
de la UE sin el núcleo familiar.
6. Dar prioridad en la agenda europea
a la directiva sobre acceso y libre
circulación de trabajadores [Comunicación
386 (final) de 11 de julio de
2001]. Pero es preciso que en esa directiva
se revisen al menos dos elementos:
la identificación del contingente como
medida básica, una herramienta que ha
sido criticada por sus efectos perversos
y su ineficacia (sobre todo en su identificación
como instrumento prioritario
de la política de inmigración) por el
Nº 121 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
propio comisario europeo en la Comunicación
757 ya mencionada, y, además,
la creación del permiso para búsqueda
de trabajo 9 .
7. Priorizar el objetivo de establecer un
estatuto común del residente permanente
europeo, que garantice a los inmigrantes
cuyo proyecto de presencia estable haya sido
reconocido el nivel de equiparación en
derechos y status con los ciudadanos europeos,
más allá de la propuesta sobre estatuto
de nacionales de países terceros residentes
de larga duración [Comunicación 127
(final) de 13 de marzo de 2001].
8. En el pilar internacional, conceder
prioridad en la acción exterior de la UE a
la política de vinculación de codesarrollo e
inmigración, mediante convenios bilaterales
y multilaterales que superen el objetivo
unilateral de asociación de los países de
origen y tránsito en la función de policía
de fronteras. Proveer de instrumentos financieros
a ese respecto, como el Banco
Euromediterráneo de Desarrollo, que es algo
más que una línea de crédito específica.
9. Además, renovar la política euromediterránea
mediante el impulso en la cumbre
de Valencia de los objetivos señalados
en Barcelona y reformulados en el rapport
Naïr al Parlamento Europeo. Reactualizar
el programa marco MEDA. Relativizar como
prioridad –si no como único objetivo
real– la gestión policial común de la frontera
sur mediterránea (directrices comunes
sobre visados, creación de la policía europea
de fronteras).
10. Desarrollar programas de educación
intercultural que supongan, en primer,
lugar el conocimiento de las otras culturas
(más allá de estereotipos que sólo
sirven para construir la ajenidad) y luchar
contra el prejuicio y las bases de la discriminación,
es decir, el racismo y la xenofobia.
Para este propósito es particularmente
importante el fomento de las actividades
de intercambio entre medios de
comunicación para introducir el cambio
de óptica también en los propios medios,
cuya tarea a este respecto sólo es parangonable
por su importancia con la de la escuela
primaria y secundaria.
9 En todo caso, se trata de exigir el cumplimiento
de la legalidad: es decir, de tomar en serio aquello a lo
que nos obliga el Convenio núm. 111 de la OIT, de
1958, ratificado por España en 1967 (también podríamos
hablar del núm. 143), o la Directiva 2000/43 de
la UE, sobre no discriminación en el acceso al empleo.
JAVIER DE LUCAS
La política del Gobierno
El Gobierno de España tiene una oportunidad
para rehacer un modelo de política
de inmigración (en lugar de la actual
no-política, como la calificaba recientemente
Joan Subirats) tomando en consideración
los siguientes objetivos:
11. Recuperar el consenso social en
materia de política de inmigración, más
allá de la aritmética parlamentaria.
12. Revisar la puesta en práctica de un
auténtico plan estatal de integración, de
carácter interdepartamental, lo que exige
al menos actualizar la aplicación del plan
GRECO y su dotación presupuestaria.
13. Crear y dotar inmediatamente la
red pública de centros de inmigraciones
prevista en los artículos 145 a 147 de la
sección segunda del capítulo V del Reglamento
de Aplicación de la Ley 8/2000
(RD 864/2001) y dependiente del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales: establecer
su reglamento interno, sus funciones, su
dotación presupuestaria y los criterios de
coordinación con instrumentos similares
de las demás administraciones y de las
ONG, así como el control jurisdiccional.
14. Revisar el permiso excepcional
para búsqueda de trabajo concedido en el
ámbito del servicio doméstico, que, de
hecho, no se ha llegado a poner en práctica.
La propuesta consiste en extenderlo
con carácter de permiso general de estancia,
rompiendo así el círculo vicioso entre
permiso de residencia y trabajo (con contrato
de trabajo en origen) que está en la
raíz de la condición de irregularidad. La
pretensión de contrato exclusivo desde el
país de origen ha sido criticada por los
propios empleadores y los sindicatos. Por
ejemplo, el Confederación Europea de
Sindicatos (CES) en su memoria de 2000
ponía de manifiesto que se trata de “un
esquema puramente ideal que raramente
se cumple” y que obligaría a las oficinas
consulares a convertirse en agencia de
empleo. Asimismo destacaba que los datos
de servicio público de empleo tienen
un porcentaje de error superior al 15%.
15. Habilitar la participación política
de los inmigrantes a escala municipal y
regional, lo que debe incluir el derecho a
voto, en esos ámbitos, de los residentes
a paritr de tres años.
16. Establecer medidas concretas de
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