SANTOS JULIÁ - Prisa Revistas

En algunas versiones muy notables del esquema
antes apuntado, como la teoría de
las instituciones en equilibrio del premio
Nobel de Economía Douglass North, se
ha subrayado la capacidad de las instituciones
de autorreforzarse y de dificultar
su sustitución mediante los efectos de los
incentivos proporcionados por su propia
estructura. Según el conocido esquema de
North, las instituciones ineficientes pueden
sobrevivir como consecuencia del
aprendizaje por el uso de los actores, la
adaptación de éstos a las regularidades
institucionales y los costes del cambio.
(North y Thomas, 1973; North, 1990;
Pierson, 2000; para una exposición de la
teoría de North en esta misma revista,
con motivo de la concesión del Premio
Nobel, véase Colomer, 1993).
El fundamento principal de este argumento
es que los desarrollos institucionales
están sujetos a rendimientos crecientes,
es decir, que la gente obtiene beneficios
netos positivos con el uso de las
Nº 121 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
instituciones existente y que los costes de
cambiarlas tienden a aumentar. Los análisis
iniciales en este enfoque desarrollado
por economistas tienden a concentrarse
en instituciones como los derechos de
propiedad, las garantías de los contratos,
el Estado de derecho, la justicia y otras
que producen mercados eficientes para la
provisión de bienes privados. Las aplicaciones
a la política son apropiadas en la
medida en que ciertas instituciones para
la provisión de bienes públicos también
pueden producir una amplia satisfacción
entre un gran número de ciudadanos, incluso
beneficios universales, porque ciertos
bienes públicos pueden ser consumidos
por todos los ciudadanos por vías
que cada uno de ellos difícilmente puede
anticipar (incluyendo, por ejemplo, la
defensa nacional, la seguridad y la protección
ambiental).
Pero los bienes públicos también son
objeto de la competencia política, porque
siempre comportan alguna dimensión re-
distributiva, incluyendo los impuestos, la
asignación de muchos gastos, las decisiones
sobre localización, etcétera. De hecho,
toda la actividad política –y la política
electoral en particular– comporta
cierto grado de competencia y la producción
de ganadores y perdedores. En otras
palabras, los beneficios y los costes de
muchos resultados políticos institucionales
son significativamente diferentes para
diferentes actores. En estos contextos, para
algunos actores la tentación de salir de
las instituciones existentes puede ser neutralizada,
hasta cierto punto, por los beneficios
relativos de la rutina, la previsibilidad
y la adaptación anterior a las reglas
institucionales existentes, pero no
necesariamente porque obtengan beneficios
brutos importantes derivados de los
resultados institucionales. Así pues, ciertos
aspectos de la política institucional
pueden no estar sujetos a rendimientos
crecientes porque, para ciertos actores,
aprender y adaptarse a las reglas existentes
puede ser casi equivalente a acostumbrarse
a perder. En tal caso, si los costes
de la salida son relativamente bajos, la
promoción del cambio institucional puede
ser una estrategia racional.
Más exactamente, los actores que anticipan
que se convertirán en perdedores
absolutos y permanentes como consecuencia
del juego político desarrollado
bajos las reglas institucionales existentes
pueden preferir el cambio institucional –a
pesar de sus beneficios inciertos y sus costes
ciertos– antes que la derrota asegurada.
Los actores interesados en los cambios
institucionales no son sólo los perdedores
permanentes en el juego. También los gobernantes
con aversión al riesgo que se
ven sometidos a nuevos desafíos de ganadores
potenciales alternativos pueden elegir
racionalmente el cambio de las reglas
institucionales del juego para minimizar
sus pérdidas probables.
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