SANTOS JULIÁ - Prisa Revistas

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN: 30 PROPUESTAS
fomento del asociacionismo entre los inmigrantes:
¿acaso no acaba de proclamar
el PP en la ponencia sobre igualdad de
oportunidades de su Congreso de 2002
que el patriotismo constitucional permite
calificar como españoles a todos los inmigrantes
con voluntad de integración y que
se adhieran a ese patriotismo, sin más
identidades culturales?
17. Revisar el Consejo Superior de
Política de Inmigración para asegurar y
optimizar la coordinación de los poderes
públicos de las tres administraciones, con
especial atención al protagonismo de la
Administración municipal.
18. Revisar la composición y atribuciones
del Foro, especialmente el papel de los
inmigrantes, de sus asociaciones, cuya representación
debiera ser paritaria (un tercio).
19. Facilitar y poner los medios necesarios
para que los denunciantes de tráfico
ilegal y/o de explotación no se vean
desamparados. Asegurar la tramitación de
la documentación y del expediente de regularización,
los permisos y el seguimiento
de la ayuda, especialmente en lo relativo
a la jurídica.
20. Aceptar permisos B-iniciales de
trabajo para quienes los solicitan a raíz
de la transformación de su permiso porque
ya tenían permiso de residencia y solicitan
su transformación.
Las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas son una
pieza clave en la política de inmigración
propia de un Estado al menos descentralizado,
y más aún en uno que, conforme
a nuestra Constitución, se aproxima a la
dimensión federal. Es necesario reconocer
su capacidad en la gestión de esa política,
en términos de coordinación eficaz,
como antes se ha recordado, pero también
en los de su idoneidad para establecer
cauces eficaces de gestión de los flujos,
por razones de inmediatez en la relación
con los inmigrantes y más aún en
aquellos casos en los que el techo competencial
está claramente reconocido. Es
cierto que habría que distinguir así entre
las que disponen de esa plenitud de
transferencias y las que no, entre las que
reciben una muy significativa inmigración
y las que todavía hoy ofrecen más
bien un saldo de emigración (interior o
internacional). La situación actual es heterogénea,
como han mostrado los estudios
de Eliseo Aja. Hay comunidades co-
mo Cataluña, Andalucía, Baleares, Rioja
o Navarra que han creado departamentos
específicos e incluso ambiciosos planes de
integración en varios casos interdepartamentales
y con dotación presupuestaria.
En términos generales y refiriéndonos sobre
todo a las comunidades autónomas
que no se han dotado de instrumentos
propios de gestión, podríamos hablar de
al menos cinco propuestas:
21. Asignar una dotación presupuestaria
clara a la Delegación para Inmigración, que
debería depender de Presidencia del Gobierno
autónomo. Comparecer ante los Parlamentos
autónomos para explicar las propuestas,
programa y criterios de actuación.
22. Crear un plan interdepartamental
y plurianual de integración de los inmigrantes
en la comunidad autónoma. Prestar
especial atención al fomento de la intervención
de la Administración local en este ámbito
y al papel de las ONG.
23. Organizar inmediatamente el Foro
Autonómico para la Integración, de carácter
plural y abierto no sólo a las grandes
ONG: el papel de los inmigrantes ha de ser
reconocido en esos foros con una representación
de al menos un tercio.
24. Crear un Observatorio Permanente
de Inmigración. Dotar programas de
investigación en colaboración con las universidades,
centros de investigación y empresas.
Fomentar programas conjuntos de
investigación con centros homólogos
de países de origen.
25. Establecer programas de formación
para funcionarios públicos, agentes
sociales y voluntarios que trabajen en este
ámbito.
Las delegaciones del Gobierno
Finalmente, en el ámbito de las delegaciones
y subdelegaciones del Gobierno cabría
pensar en cinco actuaciones inmediatas:
26. Asignar una dotación adecuada a
las oficinas únicas de extranjería.
27. Crear subsedes en las cabeceras de
las comarcas o principales ciudades de cada
provincia.
28. Establecer un término de tres meses
para resolver los expedientes administrativos
de inmigrantes.
29. Proceder a la resolución inmediata
de los casos pendientes de regularización.
30. Aplicar una interpretación favorable
(amplia) en la concesión de permisos
de trabajo y residencia por regularización.
Paralizar o suspender la orden ministerial
del día 14 de enero de 2002 que
veta cualquier solicitud de residencia y
trabajo al margen del contingente.
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[Una primera versión de este texto fue presentada
en el Simposio Internacional Europa-Mediterráneo
sobre Políticas Europeas de Inmigración, organizado
por la Universitat Pompeu Fabra y el Institut
Catalá de la Mediterránea, en Barcelona, a finales
de enero de 2002].
Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Valencia. Autor de
36 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n Nº 121