Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y ...

Unidas para prevenir, combatir y erradicar el Tráfi co Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras’. El objetivo declarado es cohibir
apenas las armas ilícitas, que son las que se juzga que pueden provocar efectos negativos. Sin embargo, algunas
agencias internacionales dan un paso más y se colocan como objetivos no sólo controlar y evitar la proliferación sino
que mencionan específi camente la reducción de las armas pequeñas en sus programas, como es el caso de la agencia
británica de cooperación para el desarrollo (DFID).
En las últimas décadas, un número creciente de estados ha cambiado sus legislaciones sobre armas de fuego, limitando
el acceso de sus ciudadanos. En distintos países, el debate sobre si la posesión de armas de fuego por parte de los
individuos aumenta o disminuye la seguridad individual y colectiva ha sido extremadamente intenso y controvertido,
y ha contado con la participación de partidos políticos, medios de comunicación, ONG’s, asociaciones de propietarios
de armas y asociaciones de fabricantes. La cuestión continúa abierta en muchos casos, en la medida en que propuestas
sobre cambios legislativos, en general para difi cultar la posesión o el porte de armas, continúan siendo discutidos. A
diferencia del debate sobre el armamento de los estados, en este caso muchos actores sociales defi enden la eliminación
completa de las armas en manos de los ciudadanos, argumentando que la provisión de seguridad es una obligación
del Estado, no del individuo, y que aquellos que portan armas para defenderse a sí mismos sufren un riesgo mayor de
ser heridos o muertos.
Los datos empíricos citados en apoyo de una u otra posición son en muchos casos indirectos, como la comparación
de las tasas de homicidios entre lugares o momentos diferentes. De la misma forma que ocurría con el armamento
de los estados, el número de factores que incide en la seguridad es muy alto, lo que representa una seria difi cultad
metodológica. De todas formas, la evidencia empírica, en su gran mayoría, apoya la conclusión de que los poseedores
de armas enfrentan un riesgo mayor que el resto de la población y de que la restricción legal del acceso de armas a los
ciudadanos puede traducirse en una disminución moderada de los niveles de violencia (ver Cano, 2003). En el caso de
las armas pequeñas también cabe pensar en una especie de “carrera armamentista”. Así, la inseguridad percibida por
los ciudadanos estimula a un número mayor de personas a buscar un arma para defenderse y esta proliferación puede
extender aún más la sensación de inseguridad. En la medida en que el arma aumente los riesgos, esta espiral estaría
multiplicando los efectos negativos.
El segundo nexo de la relación indirecta entre armas y desarrollo sería el existente entre un confl icto armado o, cuando
mínimo, un contexto de inseguridad, por un lado, y el desarrollo, por otro. El propósito sería determinar cuál es el
impacto para el desarrollo de tener que convivir con confl ictos armados o con la expectativa de que estos puedan
suceder. Este vínculo parece obvio y no ha sido cuestionado. Collier y sus colegas (2003) han defi nido los impactos de
un confl icto como ‘desarrollo al revés’. Así, se trata aquí, más bien, de intentar medir y refl exionar sobre la magnitud
de este impacto. De todas formas, la capacidad de las armas de incidir negativamente sobre el desarrollo, a través del
confl icto y la inseguridad, depende de la comprobación en primer lugar de la conexión entre la existencia de armas y
el confl icto (o la inseguridad), que es controvertida como ya ha sido explicado.
3. El impacto en el desarrollo de los recursos dedicados a las armas
La lógica de este postulado es evidente. Los recursos dedicados a la defensa, considerados no productivos, no podrían
emplearse para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Para los economistas, este dilema queda retratado en la
conocida frase “cañones o mantequilla”. Así, la carrera armamentista podría acabar provocando el racionamiento de la
mantequilla.
Un agravante en este sentido es el hecho de que los gastos militares no suelen ser realizados en un ambiente de alta
competición económica sino que, por el contrario, se trata de mercados muy restringidos: fábricas estatales, monopolios,
licitaciones entre compañías seleccionadas, información sigilosa, restricciones a la reventa o libre disposición de los
productos adquiridos, etc. Esto provocaría una mayor inefi ciencia en el gasto militar que, por lo tanto, exigiría una
proporción mayor del presupuesto para alcanzar el mismo grado de seguridad que sería factible con un costo inferior,
en un ambiente de mayor competición.
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