Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y ...

Políticamente, el impacto de la violencia acostumbra ser decididamente negativo. La existencia de grupos armados
irregulares puede amenazar la gobernabilidad y la propia democracia, reforzando los niveles de impunidad. Incluso
en condiciones en la que la democracia se mantiene, las respuestas a la violencia no son muchas veces las más
ponderadas. Las opciones más reaccionarias y primitivas a menudo prevalecen en un contexto de miedo, y el respeto a
los derechos humanos parece como algo dispensable, o peor, como un obstáculo para la defensa individual y colectiva.
Los individuos acorralados se muestran dispuestos a aceptar restricciones cada vez más drásticas a sus derechos en
aras de una supuesta defensa. Esta ha sido, en muchos casos, la evolución de la lucha contra el terrorismo después de
los atentados contra los EEUU en septiembre de 2001. De la misma forma, sociedades atemorizadas por la criminalidad
tienden a apoyar reacciones estatales truculentas, inclusive ilegales.
Buena parte de los efectos negativos del confl icto en los planos económico, político y social se manifi estan
inmediatamente cuando los ciudadanos tienen una percepción de inseguridad, independientemente de si ella está
basada en un riesgo real o no. En este sentido, se abre todo un debate sobre la manera de infl uenciar la percepción de
la inseguridad como una forma de disminuir sus impactos.
En última instancia, la violencia manifi esta una asombrosa capacidad de perpetuarse a sí misma. No sólo porque la
reacción defensiva puede ser igualmente violenta, sino porque su legado social y psicosocial abona el terreno para
que acontezca de nuevo.
6. La convergencia de las políticas de desarrollo y de desarme
Tradicionalmente, las políticas de ayuda a países en confl icto seguían el principio de invertir en asistencia de emergencia
durante el mismo, y dejar la inversión en desarrollo para después de las hostilidades. Ello respondía tanto a la división
institucional entre los mandatos de las agencias encargadas de una y otra misión como a la noción de que invertir en el
desarrollo de una sociedad en confl icto armado podría equivaler a desperdiciar el dinero. Por ejemplo, las infraestructuras
construidas podrían fácilmente ser destruidas y la actividad económica creada podría ser interrumpida.
Algunas agencias que tenían como misión el desarrollo veían el área de desarme como un alto riesgo político y como
algo que estaba fuera de su mandato e, inclusive, que podría competir con sus objetivos de desarrollo. En función de
ello, optaban por quedarse al margen. Así, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sólo pasaron a tratar
abiertamente del tema después del fi n de la Guerra Fría (Kaspur et al, 1997).
Como era previsible, la progresiva aproximación teórica y doctrinal entre desarme y desarrollo que fue descrita
anteriormente generó una presión creciente para que los programas de ambos tipos de agencias fuesen, en alguna
medida, integrados. La recomendación más extendida era que tanto los países benefi ciarios como las agencias
pensaran en incorporar la vertiente del desarrollo en los programas de emergencia, en las iniciativas de desarme y en
cualquier proyecto adoptado no sólo inmediatamente después sino incluso durante los confl ictos armados.
Los documentos ofi ciales comenzaron a referirse a un continuum que evolucionaría desde la asistencia humanitaria
y de reconstrucción hasta la ayuda al desarrollo a largo plazo, sin que hubiese que esperar al fi n de la primera para
comenzar la segunda.
Para generar condiciones de seguridad y de desarrollo a largo plazo, la asistencia postconfl icto no se limitaba ya al
desarme, la desmovilización y la reinserción de combatientes, sino que empezaba a incluir componentes como la
reforma de los sistemas de seguridad, que incluía las policías, los jueces y otras instituciones.
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