Un rey golpe a golpe

104dice el artículo 56, lo que le otorga una prerrogativa que, como se ha discutido recientemente (el yaex-jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, lo aseguró en una conferencia pronunciada en elaño 2000), se podría aplicar si, por ejemplo, un hipotético gobierno legítimo --con mayoría o enminoría-- asumiera una actitud separatista. Dicho de una manera más clara, si el Gobiernoautónomo vasco se manifestara a favor de la independencia, el rey podría ordenar la disolución delparlamento o nombrar un gobierno provisional y, si se lo ponían difícil por las buenas, ordenar laintervención del Ejército. El sistema autonómico, tal y como quedó establecido en el Título VIII dela Constitución, suponía descentralizar la Administración pública, pero los parlamentos quedabanlimitados a las competencias más técnicas y menos políticas. Además, también se especificaba que"en caso alguno se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”. Y, desde luego, seestableció que serían legalmente incompetentes en todo aquello que hiciera referencia a posiblescambios en las relaciones de producción e intercambio, en todo el ámbito económico. Por no poder,ni siquiera podían expropiar. En cambio, sí que podían endeudarse con el exterior. Para conseguirque la redacción de la Constitución recogiera estos principios colaboraron todos, aunque alcomienzo se especuló sobre varias alternativas en el modelo a seguir, que eran variaciones sobre elmismo tema y tenían un mismo objetivo. Los senadores reales, de común acuerdo, al inicio delproceso constitucional defendieron una enmienda para reconocer, de forma diferente a como habíallegado del Congreso, los derechos forales del País Vasco. Incluso estuvieron de acuerdo lossenadores militares (los generales Díez Alegría y el almirante Gamboa), siempre más reticentes areconocer diferenciaciones territoriales. El rey seguía con la vieja idea, sugerida por el gobernadorcivil Augusto Unceta y la Dirección general de la Guardia Civil, de ganarse de manera muyparticular el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Los senadores hablaron varias veces con SabinoFernández Campo sobre esta enmienda. Y tres de ellos, Carlos Ollero, Alfonso Osorio y Luis Olarra(este último, próspero empresario vasco próximo al Opus Dei, muy activo en la lucha contra ETA),se encargaron de discutirlo con los senadores del PNV, que dieron el visto bueno a la enmienda.Pero al final la iniciativa no prosperó, debido a la firme oposición del vicepresidente del Gobierno,Fernando Abril Martorell, en la línea que unos años antes ya había manifestado Adolfo Suárez.Abril Martorell defendió, en una violenta discusión en el Senado, el principio de que la soberaníapopular radicaba en las Cortes, negándose a admitir que se fragmentara en virtud de un pacto entrela Corona y los vascos, y finalmente consiguió imponer su criterio. Otro de los senadores reales,Julián Marías, republicano durante la República y monárquico durante el franquismo, había sidoreclutado por La Zarzuela en enero de 1977, como buen articulista, para escribirle los discursos alrey… y otros cosas. Durante el proceso de gestación de la Constitución, Marías colaborófundamentalmente con un artículo que publicó El País, en el que objetaba que en el primeranteproyecto no se utilizara la palabra nación para hablar de España, lo cual le parecía "unamonstruosidad increíble". A Suárez le gustó tanto el artículo que hizo fotocopias para todo elGobierno, para toda la ponencia constitucional y para todos los dirigentes de los partidos en elParlamento. Y la palabra Nación, con una mayúscula enorme, apareció como por arte de magia enel glorioso artículo 2, al hablar de "la indisoluble unidad de la Nación española". Curiosamente, enla peculiar manera que tenían los padres de la Constitución de entender el nacionalismo español, nose hizo demasiado caso a las cuestiones que tenían que garantizar la independencia de España frentea influencias o injerencias de otros países o centros de poder. Así como no se reconocía la soberaníade los pueblos catalán, vasco y gallego, tampoco se tenía la intención de devolver la soberaníainterior y exterior a los ciudadanos del Estado, secuestrada durante la dictadura. En este sentido, sesiguió una línea sólo comparable a las leyes que los aliados impusieron tras la Segunda GuerraMundial a Alemania e Italia.