175CAPÍTULO 18: MANIOBRAS REALES EN LA GUERRA DE LOS GALPrimera intervención realSi nunca se ha podido llegar a establecer, al menos en el terreno judicial, la participación de FelipeGonzález en los GAL, mucho menos se ha podido decir de la responsabilidad del <strong>rey</strong> Juan Carlos.Sin embargo, se ha especulado sobre la posibilidad de que el monarca hubiera estado enteradodesde el comienzo de las acciones del grupo terrorista organizado desde el Gobierno, y existendatos sobre su intervención, fundamentalmente dirigida a parar el proceso de investigación sobrealgunas de las acciones llevadas a cabo por los GAL. El presente capítulo, en este sentido, es pocoambicioso. Si realmente existieran pruebas contundentes que involucraran el monarca, estarían enlos juzgados correspondientes. Y no existen. Decimos esto de antemano para advertir que lo únicoque se pretende aquí es revisar algunos datos, conocidos y probados, para que el lector saque suspropias conclusiones. Hay "rumores" que helarían la sangre del más monárquico, pero son sólo eso:rumores.La primera cuestión que ha preocupado a quienes han investigado la trama del GAL, con respecto al<strong>rey</strong>, ha sido descubrir si Juan Carlos sabía lo que estaba pasando, y desde cuándo lo sabía. En estesentido, es importante señalar que el inicio de la guerra sucia de los GAL se sitúa en octubre de1983, en una reunión del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, con la Junta de Jefes delEstado Mayor (JUJEM), integrada por los jefes del Estado Mayor de cada una de los ejércitos y porun presidente, que era Álvaro Lacalle, en la que con toda probabilidad se habló de los GAL. Segúnlas declaraciones de Serra en el juicio por el secuestro de Segundo Ma<strong>rey</strong>, la JUJEM, a raíz delatentado contra el capitán Martín Barrios, pidió intervenir directamente contra ETA. Algunasfuentes sostienen que aquella reunión estuvo presidida por el <strong>rey</strong>, extremo que ha sido desmentidopor La Zarzuela. Formalmente no tenía por qué presidirla, aunque el monarca había de estarenterado a la fuerza, según la cadena de mando, porque el <strong>rey</strong> es el jefe supremo de la Junta de Jefesdel Estado Mayor, la máxima autoridad, el último escalón. Además, hay un acta de aquella reunióny está confirmado por lo demás, que fue "cubierta" por el CESID, que sacó una copia sonora de loque se dijo. En todo caso, el monarca tenía que conocer, a través de los despachos semanales quemantenía con el presidente del Gobierno, Felipe González, cualquier operación antiterrorista quehubiera en marcha incluyendo las planificadas para "responder al terrorismo etarra con sus mismasarmas", como han descrito la actividad de los GAL algunos implicados, si es que lo eran.Por otro lado, Jesús Gutiérrez declaró en el juicio por el secuestro de Segundo Ma<strong>rey</strong> que, cuandovolvió a España tras ser excarcelado en Francia el 8 de diciembre de 1983, recibió miles detelegramas y cartas de felicitación, "de altos cargos, de alguien del Tribunal Supremo, de la familiareal..." <strong>Un</strong>a declaración que, si bien parece que no tiene demasiado sentido ni verosimilitud, cuandomenos se puede interpretar como un intento por parte de Gutiérrez de señalar los niveles deresponsabilidad en la trama de la guerra sucia. Jesús Gutiérrez Argüelles había participado el 18 de
176octubre de 1983 en la segunda operación de los GAL, junto con otros policías de la JefaturaSuperior de Bilbao (con el comisario Francisco Álvarez al frente de la operación). Habían intentadosecuestrar a José María Larretxea Goñi en Francia pero todo había salido mal. Empezaron poratropellar a Larretxea con el coche en que iban y, después, cuando intentaban recoger el cuerpo eintroducirlo al vehículo, fueron sorprendidos por un gendarme francés, que los detuvo a todos. ALarretxea lo llevaron a un hospital, y los cuatro funcionarios españoles fueron encarcelados. Elentonces ministro de Interior, José Barrionuevo, dijo literalmente respecto a aquella operación: "Setrataba simplemente de una acción humanitaria destinada a salvar la vida del capitán Barrios", enaquel momento secuestrado por ETA. La responsabilidad de los hechos la asumió públicamente elcomisario Francisco Álvarez, jefe superior de la Policía de Bilbao, y sus cuatro policías fueronpuestos en libertad el 8 de diciembre tras comprometerse por escrito y "por su honor" a volver aFrancia para comparecer en el juicio en contra suyo. Pero el 12 de junio se tuvo que celebrar sin supresencia, y los funcionarios españoles fueron condenados por rebeldía a 18 meses de prisión. ElGobierno español no los cesó ni los entregó nunca a la justicia francesa.Es necesario advertir además, para los más incrédulos, que el <strong>rey</strong> suele estar enterado en realidad demuchas más cosas de las que, en principio, parece que le corresponden. Se sabe, por ejemplo, queen los años noventa la Casa Real negoció una mediación con ETA. Javier Abasolo, un empresariovasco relacionado con los socialistas de Vizcaya, tuvo contactos con miembros de la organizaciónarmada mientras cumplía condena en prisiones francesas por intentar cobrar un pagaré sin fondo. YPerote, amigo y ex-socio de Abasolo, más tarde le hizo llegar una propuesta de mediación ennombre de la Casa Real española en el tema de ETA. Parece que de aquellas negociaciones, quecontinuaron durante años, surgió finalmente la tregua de 1999, según reivindica el mismo Perote.Como mínimo, en 1987 el <strong>rey</strong> se tendría que haber enterado por la prensa, como Felipe González,de que los GAL estaban formados por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Fueentonces cuando varios diarios empezaron a revelar datos sobre la participación de José Amedo yMíchel Domínguez. Además, ya se había publicado también que los GAL habían desaparecido traslos acuerdos entre los ministerios del Interior de España y Francia (dato que fue información deprimera página de Diario 16 en junio de 1986), cuando ya habían perpetrado 29 asesinatos. Estabaclaro que su objetivo había sido colaborar en la política gubernamental frente al Estado francés, yque lo habían conseguido. Primero fueron las deportaciones; después, los confinamientos, lasentregas inmediatas y las extradiciones; más tarde, el aumento del control de la gendarmería sobrelos refugiados. Y, al final, Francia había exigido la desaparición de los GAL. Es lógico pensar queel presidente y el <strong>rey</strong> debían haber tratado de todos estos temas en sus audiencias semanales.En 1989, cuando el juez Baltasar Garzón empezó a instruir la investigación inicial de los GAL (enel proceso contra Amedo y Domínguez), explicó delante de doce personas, en un ágape en elrestaurante Y'Hardy de Madrid, que el <strong>rey</strong> le había llamado a La Zarzuela y le había dicho: "Yo deti no avanzaba eso del GAL. Hombre, los dos sabemos que es un tema de Estado..." Cuando Garzónse dio cuenta de cómo reaccionaban todos ante lo que les estaba explicando, se despidióapresuradamente y sin postre. <strong>Un</strong> mes después, hablando nuevamente del tema GAL, delante dealgunas de las mismas personas que habían estado en aquella mesa, Garzón comentó: "Yo no creoque en el GAL estuvieran ni Felipe González ni el <strong>rey</strong>". Sus contertulios le recordaron entonces loque había explicado la otra vez, y el juez lo negó rotundamente: "¡Yo nunca he dicho tal cosa!"hecho que sorprendió a todo el mundo. Fuera como fuese, Felipe González en aquella fase delproceso consiguió neutralizar a Garzón, convirtiéndole en su inseparable número dos de cartelelectoral y prometiéndole una brillante carrera política en el Ministerio del Interior. Aunque despuésno resultó. En 1991, durante el juicio contra Amedo y Domínguez, los altos cargos de Interior (Vera
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