La validez de documentos traducidos ante los tribunales - Abogacía ...

opinión_NUEVAS TASAS PARAEL ACCESO A LA JUSTICIAJosé LuisPalmaFernándezLetrado del Consejode Estado. Sociode Gómez-Acebo& PomboAbogados S.L.PLa XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España(celebrada en Vitoria los pasado días 28 a 30 denoviembre del pasado año de 2011) califica a nuestraAdministración de Justicia –y cito literal y textualmente-de “obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensibleen su funcionamiento e incapaz de generarconfianza ni hacia dentro ni hacia fuera.”. Estoyseguro de que tal declaración condiciona en mucholo que se diga sobre la polémica que fue primero delcopago y ha llegado después ser de las tasas judicialesen la recepción del servicio de la Administraciónde Justicia, porque va a ser difícil venderles a los ciudadanosque contribuyan a pagar esa Justicia que asívaloran algunos de sus cualificados artífices.Tras reconocer los Jueces Decanos que hay milesde millones de euros inmovilizados en los órganosjudiciales y fuera del circuito económico (lo que suponeaceptar alguna de las críticas que se les ha dedicadodesde varios sectores economicistas, que venla Justicia como una parte del problema económicogeneral), entre las 31 propuestas orientadas a identificarmedidas urgentes para la reforma de la Justicia(alguna de las cuales ya ha sido incorporada por elnuevo Gobierno entre sus prioridades en materia judicial,como es el caso del nombramiento de los vocalesjudiciales del Consejo General del Poder Judicialpor los propios jueces y no por los grupos políticos) seprecisa que el modelo a seguir es el que realizan exitosamenteotras Administraciones Públicas como laAgencia Tributaria (según mencionan expresamentetales decanos).Puede que de esta fijación financiero-tributaria sederiven otras dos pretensiones de la misma reunión:la conveniencia de realizar un estudio sobre el costeeconómico de los procesos (para concienciar a losciudadanos del enorme coste que supone tramitarasuntos de escasa entidad en los juzgados, resultandoque estos costes medios de un procedimiento deescasa entidad son de unos 1300 euros) y –lo quemotiva nuestro análisis actual- el “establecimientode tasas pedagógicas o disuasorias”: las nuevas tasasjudiciales.ConsecuenciasNo resulta difícil criticar la posición judicial: un pleito,por pequeño que sea, puede tener un efecto multiplicadorbrutal. Incluso económicamente brutal. Piénse-se que se hubiera generalizado la actitud de un ciudadanoque solicitó responsabilidad patrimonial porla demora (de más de una hora) en la cola de un serviciopúblico. No es difícil suponer que lo importanteno eran los 30 euros que pedía (por la pérdida de sutiempo, que cifraba en ese dinero) sino los cientos demiles de ciudadanos que podían haberse acogido aesa postura de haber prosperado la reclamación.Hemos dicho en otro lugar que las nuevas técnicasdel management han importado palabras otroradesconocidas, incorporadas al documento de referencia.Así se viene a decir “implementación” en lugarde puesta en marcha y ejecución o se habla de “hojade ruta” cuando antes se marcaban objetivos. Loseufemismos, pues, son la tónica general. Puede quepor eso se diga por los propios jueces –anticipando lacrítica, lógica- que no se trata de establecer un sistemade copago sino simplemente “tasas pedagógicaso disuasorias”.Examinar históricamente la facilitación del accesojurisdiccional a los menos dotados económicamenteconstituye la aproximación de las ideas moralizadorasque impregnaban el ordenamiento en lostiempos más remotos hasta llegar a convertirse, deuna expresión caritativa, en un estricto derecho subjetivotendente a equilibrar la posición de las partesen el proceso.La noción de la gratuidad en el acceso a la justicia -como destacara Alcalá Zamora para los tiempos másantiguos- sitúa la referencia al problema en la Biblia(Isaías I, 17 y 23; IX, 17 y X). En el derecho romano laConstitución de Constantino (Codigo III, 14) permitíaa los pobres interponer su demanda ante el emperador,texto luego reproducido en las Partidas (PartidaIII, título III, ley 5ª). El Fuero Juzgo colocaba a los pobresque hubieren de litigar bajo la protección de losobispos (Libro II, Título I, ley 28).En un entorno constitucional y más cercano –aúnen regímenes políticos absolutamente divergenteslalitigación gratuita (y la consideración del serviciopúblico de justicia como algo intrínsecamente gratuito)se contiene en el denominado “beneficio depobreza” en el artículo 95 del anteproyecto de Constituciónde la monarquía española de 1929, siendoluego reiterado por la Constitución de 1931 en su artículo94. También la Ley de 11 de enero de 1967 en suartículo 30 dispuso la gratuidad en el acceso a la jus-16_Abogacía Española_Julio 2012