La validez de documentos traducidos ante los tribunales - Abogacía ...

) si se trata de la traducción oficial derivada deuna impugnación de la exactitud de la traducción privada,muy excepcionalmente también podrá el juezapartarse del resultado de la traducción, si bien el gradode motivación judicial deberá ser especialmenteextremado dado el carácter oficial de la traducción.» 3Por tanto, el carácter «oficial» o no de una traducciónva a resultar de vital importancia a la hora dela valoración judicial del documento. Sin embargo, elartículo 144 no aclara qué ha de entenderse por traducciónprivada ni por traducción oficial, ni tampocoindica quién puede o debe realizar una traducciónpara que ésta quede revestida de dicho carácter oficial.Tenemos que acudir al Real Decreto 2555/1977,de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamentode la Oficina de Interpretación de Lenguas delMinisterio de Asuntos Exteriores (en su redacciónmodificada por el Real Decreto 2002/2009, de 23 dediciembre,) para poder entender esta distinción entretraducciones oficiales y privadas. Dicho RD, en suartículo 6 apartado 1º establece lo siguiente:«Las traducciones e interpretaciones de una lenguaextranjera al castellano y viceversa que realicen losTraductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácteroficial, pudiendo ser sometidas a revisión por laOficina de Interpretación de Lenguas las traduccionescuando así lo soliciten las autoridades competentes.»A tenor de lo dispuesto en este precepto, debeentenderse que la traducción oficial será aquellarealizada por un «traductor/intérprete jurado»quien, gracias a la acreditación que le otorga el Ministeriode Asuntos Exteriores (MAE), está capacitadopara certificar la fidelidad y exactitud de sustraducciones.El gobierno español tiene pendiente la adaptaciónde la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeoy del Consejo, de 20 de octubre de 2010 sobreel derecho a la traducción e interpretación en losprocesos penales. Esta Directiva regula, entre otrascosas, la calidad de la traducción y la interpretaciónante los tribunales de justicia señalando en su artículo5.2. que « (…) los Estados miembros se esforzaránpor establecer uno o varios registros de traductorese intérpretes independientes debidamente cualificados.Una vez establecidos dichos registros se pondrán,cuando proceda, a disposición de los abogados y lasautoridades pertinentes.»Aunque la Directiva se refiere solo a la jurisdicciónpenal, incluye un requisito muy interesante y valiosoque podría servir de guía para toda la administraciónde Justicia de cara a resolver estas cuestiones:la exigencia de crear un registro de traductores eintérpretes cualificados. Y, el cumplimiento de dichaexigencia resulta especialmente sencillo en España,pues ya existe un registro oficial de traductores/intérpretesgestionado por el MAE y regulado por elartículo 10 del antedicho RD 2555/1977. Parecería lógico,por tanto, que se tomara éste como el registrode referencia para proveer a los abogados y a los órganosjurisdiccionales (y no solo a los de la jurisdicciónpenal) de una base de datos fiable y actualizadade profesionales de la traducción y la interpretacióncon los que contar para resolver estas cuestiones.La visión deulisesJulio 2012_Abogacía Española_31