La validez de documentos traducidos ante los tribunales - Abogacía ...

opinión_En ningúncaso podrápretenderseunadelimitacióndel derechoafectando,limitando ocercenando elderecho a latutela judicialefectivaSe trata de un derecho que posee en nuestro ordenamientouna larga tradición histórica, que ya fueelevado al rango constitucional en la Constitución de1931 y que adquiere unas características específicasy un relieve especial en el Estado Social de Derechoproclamado en la Constitución de 1978. Al igual quelos derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva,a la igualdad de armas procesales y a la asistencialetrada, de los que la gratuidad es instrumento yconcreción, este derecho es no sólo garantía de losintereses de los particulares, sino también de los interesesgenerales de la justicia en tanto que tiendea asegurar los principios de contradicción e igualdadprocesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicialla búsqueda de una sentencia ajustada a Derecho,aunque sin duda su finalidad inmediata radicaen permitir el acceso a la justicia, para interponerpretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienenmedios económicos suficientes para ello y, más ampliamente,trata de asegurar que ninguna «personaquede procesalmente indefensa por carecer de recursospara litigar» (STC 138/1988).El art. 119 del texto constitucional proclama, pues,un derecho a la gratuidad de la justicia. Pero en loscasos y en la forma en los que el legislador determine.Es un derecho prestacional y de configuraciónlegal cuyo contenido y concretas condiciones deejercicio, como sucede con otros de esta naturaleza,corresponde delimitarlos al legislador atendiendo alos intereses públicos y privados implicados y a lasconcretas disponibilidades presupuestarias.Sin embargo, como ha reiterado Tribunal Constitucionalen múltiples ocasiones, al llevar a cabo lareferida configuración legal el legislador no goza deuna libertad absoluta, sino que en todo caso deberespetar un contenido constitucional indisponible. Aesta limitación no escapan los derechos como el queaquí nos ocupa en los que el contenido prestacionaly, en consecuencia, su propia naturaleza, vienenmatizados por el hecho de tratarse de derechos que,como hemos avanzado, son concreción y garantía deejercicio de otros derechos fundamentales, algunosde contenido no prestacional.El reconocimiento de esta amplia libertad de configuraciónlegal resulta manifiesta en el primer incisodel art. 119 al afirmar que «la justicia será gratuitacuando así lo disponga la ley». El legislador podráatribuir el beneficio de justicia gratuita a quienesreúnan las características y requisitos que considererelevantes, podrá modular la gratuidad en funcióndel orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil,etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, porsupuesto, en función de los recursos económicos delos que pueda disponer en cada momento. Sin embargo,este mismo precepto explicita el contenidoconstitucional indisponible que acota la facultad delibre disposición del legislador. Lo hace en el segundoinciso al proclamar que «en todo caso» la gratuidadse reconocerá «a quienes acrediten insuficiencia derecursos para litigar».En esta delicada interpretación del precepto, noobstante, existe siempre una conexión vital con elderecho fundamental del artículo 24 de la Constitución.Porque en ningún caso podrá pretenderseuna delimitación del derecho afectando, limitandoo cercenando –siquiera mínima o tangencialmenteelderecho a la tutela judicial efectiva. Es en esta correlaciónponderada donde la finura jurídica –y aquítenemos mucho que decir los abogados- deja pocosmárgenes a la determinación presupuestaria.Uso indebido de las tasasLa íntima relación existente entre el derecho a laasistencia jurídica gratuita de quienes carecen derecursos económicos para litigar (art. 119 CE) y el derechoa la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ha sidopuesta de manifiesto por el Tribunal Constitucionalen múltiples sentencias, pudiendo citarse en tal sentidoSTC 95/2003, de 10 de junio o 183/2001, de 17 deseptiembre, recordando en esta última la doctrinasentada en la STC 117/1998, de 2 de junio: «el art. 119CE, al establecer que ‘la justicia será gratuita cuandoasí lo disponga la ley y, en todo caso, respecto dequienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar’,consagra un derecho constitucional de carácterinstrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicciónreconocido en el art. 24.1 CE, pues ‘su finalidadinmediata radica en permitir el acceso a la justicia,para interponer pretensiones u oponerse a ellas,a quienes no tienen medios económicos suficientespara ello y, más ampliamente, trata de asegurar queninguna «persona quede procesalmente indefensapor carecer de recursos para litigar’ (STC 138/1988)».Volviendo al principio y pese a la manifiesta admiraciónque sienten los decanos por la AgenciaTributaria (lo cual no se si es bueno o malo, pero esun hecho objetivo), no parece que se esté haciendoun correcto uso de la figura de la tasa, toda vez quela contraprestación del servicio –aspiración vital deltributo conocido como tasa- no es el único coste queparece haya que satisfacer.De otro lado, no se comprende como lo “pedagógico”haya de ser “disuasorio”. Pero sobre todo nose comprende como haya que disuadir a los pobresciudadanos de acercarse a la justicia (especialmentea los más necesitados y para los procesos más simples),puesto que la organización judicial está al serviciode los ciudadanos (que son los que pagan lossueldos de los jueces, a través de un mecanismo deredistribución que pasa en gran medida por la judicialmenteadmirada Agencia Tributaria).Modestamente estimo –y ya lo he manifestado en18_Abogacía Española_Julio 2012