La validez de documentos traducidos ante los tribunales - Abogacía ...

opinión_EL preocupante ABUSODE LOS DECRETOS-LEYESJavierLedesmaBartretAbogadoCon la colaboraciónde FranciscaSauquillo, MarianoBenítez de Lugo,Alberto Jabonero,Jaime Gil Robles,Rafael Hevia,José Mª Salcedo,Javier Viúdez yJavier Angelina,miembros deADADE.A. IntroducciónDesde su llegada al poder y hasta finales de mayo, elGobierno presidido por Mariano Rajoy había dictadoun total de 20 Reales Decretos-Leyes. Si se mantieneese ritmo, a finales de año se habrán aprobado 46Decretos-Leyes, una cifra sin precedentes en nuestrahistoria constitucional reciente. Hasta ahora, el récordlo ostentaba el Gobierno de José María Aznar,que en el año 1997 logró la convalidación de 29 Decretos-Leyes,seguido de cerca por los 26 del año 1982.Desde 1979, los Consejos de Ministros han aprobadouna media de 13 Decretos-Leyes al año, posiblementemenos de la tercera parte de los que se aprobaránhasta diciembre de 2012.De la veintena de Decretos-Leyes aprobados porel Gobierno, la mayoría absoluta del Partido Popularen el Congreso de los Diputados únicamente ha permitidoque seis de ellos hayan sido tramitados comoproyecto de ley por el procedimiento de urgencia taly como permite el artículo 86.3 de la Constitución. Enlo que llevamos de Legislatura, el Consejo de Ministrosúnicamente ha remitido a las Cortes Generalesseis proyectos de ley en sentido estricto, siendo unode ellos el Proyecto de Ley de Presupuestos Generalesdel Estado de 2012 que no pudo aprobarse en2011 por la disolución anticipada de las Cámaras. Esdecir, por cada uno de los proyectos de ley, el Consejode Ministros ha aprobado más de tres Decretos-leyes,un ratio que de nuevo carece de precedentes ennuestra historia constitucional.B. El significado del Decreto-ley en el ordenamientojurídico1. La posición de los Decretos-leyes en el ordenamientojurídicoEl artículo 86 de la Constitución concibe el Decretoleycomo un instrumento de naturaleza excepcional,reservado a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”que en ningún caso podrá afectar al ordenamientode las instituciones básicas del Estado, a losderechos, deberes y libertades de los ciudadanos reguladosen el Título Primero, al régimen de las ComunidadesAutónomas, ni al derecho electoral general.El Tribunal Constitucional, en la STC 137/2011, de14 de septiembre, reconoce sin ambages el carácterexcepcional del Decreto-ley: “en la medida en que [elDecreto-ley] supone una sustitución del Parlamentopor el Gobierno, constituye una excepción al procedimientolegislativo ordinario y a la participación de lasminorías que éste dispensa, y como tal sometida encuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia detodos los presupuestos circunstanciales y materialesenunciados en dicho precepto que lo legitime.”2. La jurisprudencia constitucional sobre el Decretoleyen el ordenamiento jurídicoPrecisamente con el fin de evitar un abuso del Decreto-leyque ponga en cuestión la estructura constitucionalde nuestro ordenamiento jurídico, el TribunalConstitucional se declaró, en la temprana STC29/1982, de 31 de mayo (F. 3), competente para controlarel uso adecuado de los Decretos-leyes por partedel Gobierno. Más recientemente, la STC 68/2007, de28 de marzo, reiterando lo ya indicado en otras muchasresoluciones anteriores, sostuvo que la diccióndel artículo 86.1 CE debía entenderse como un auténticolímite a la potestad legislativa del Gobierno,incluso teniendo en cuenta el margen de discrecionalidadque se debe reconocer al Ejecutivo. Así, loslímites que para el Gobierno se derivan del artículo86.1 CE pueden sistematizarse en tres puntos fundamentales:I. El presupuesto habilitante: la extraordinaria y urgentenecesidadCon carácter general, se considera legítima la utilizacióndel Decreto-ley “en todos aquellos casos enque hay que alcanzar los objetivos marcados para lagobernación del país, que, por circunstancias difícileso imposibles de prever, requieren una acción normativainmediata o en que las coyunturas económicasexigen una rápida respuesta» (STC 6/1983, de 4 de febrero).En otras palabras, el fin que justifica la legislaciónde urgencia no es otro que subvenir a «situacionesconcretas de los objetivos gubernamentales quepor razones difíciles de prever requieran una acciónnormativa inmediata en un plazo más breve que elrequerido por la vía normal o por el procedimientode urgencia para la tramitación parlamentaria delas Leyes (STC 137/2003, de 3 de julio, F. 3).” Siguiendocon la STC 137/2011, “el examen de la concurrencia delcitado presupuesto habilitante de la «extraordinariay urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabomediante la valoración conjunta de todos aquellos22_Abogacía Española_Julio 2012