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opinión_La Abogacía rechaza laimposición de tasas judicialesNuevas tasas judicialesEl Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),a través de una carta remitida por su presidente,Carlos Carnicer, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado su “rechazo enérgico” alanteproyecto de revisión del sistema de tasas judicialesaprobado por el Consejo de Ministros del 30 demarzo, cuyo objetivo, según el Ministerio es “sufragarlos gastos de la Justicia Gratuita”.Para el presidente de la Abogacía Española, “no esadmisible incorporar en nuestro Estado de Derechouna balanza en la que se coloque en un platillo el derechofundamental a la Defensa y en el otro el pagode una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental yde relevancia constitucional, resulta imprescindiblepara la pervivencia del Estado de Derecho y las tasasActual Propuesta Incremento€ € €CIVILVerbal y cambiario 90 150 60Ordinario 150 300 150Monitorio y monitorio europeoy demanda incidental enel proceso concursal 50 100 50Ejecución extrajudicial 150 200 50Concurso necesario 150 200 50Apelación 300 800 500Casación y de infracción procesal 600 1200 600CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOAbreviado 120 200 80Ordinario 210 350 140Apelación 300 800 500Casación 600 1200 600SOCIALOrdinario y demásmodalidades procesales 0 0Monitorio 0 0Suplicación 0 500Casación 0 750no pueden oponerse como recurso necesario parapagar a los abogados que prestan el servicio de JusticiaGratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con laAbogacía de forma injusta”, señala su presidente.El anteproyecto revisa las tasas judiciales vigentesdesde 2002 que se encuentran reguladas en la Ley53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y delOrden Social. Para el Ministerio de Justicia, su objetivoes evitar la “litigiosidad artificiosa que satura actualmentelos juzgados”.Desde el CGAE se ha reiterado que la forma máseficaz de evitar la litigiosidad no es poner barreras enforma de tasas para acceder a la Justicia ya que “losciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunalesen defensa de sus legítimos derechos, intereses ypretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución,y no puede impedirse este acceso imponiendoun sistema de tasas que perjudica a quienes tienenmenos medios económicos”.Las tasas ya existentes en la jurisdicción civil y en lacontencioso-administrativa se aplicarán también enel orden de lo social en segunda instancia. El ministrode Justicia avanzó en sus propuestas de reforma quelas nuevas tasas estarán destinadas a “sufragar laJusticia Gratuita” y estimó que con el nuevo sistemala cuantía recaudada ascenderá a cerca de 300 millonesde euros frente a los 172 ingresados en 2010.Para la Abogacía, “las tasas no pueden oponersecomo recurso necesario para pagar a los abogadosque prestan el servicio de Justicia Gratuita”. Con elplanteamiento defendido por Gallardón, se introduceun criterio peligroso sobre el coste social de la JusticiaGratuita, que es el último recurso de los ciudadanosque carecen de trabajo, de medios y de esperanzapara hacer valer sus Derechos Fundamentales.“El gasto en Justicia Gratuita es una inversión enpaz social y su regulación puede ser mejorada, por loque la Abogacía se ha ofrecido reiteradamente al diálogo”,ha asegurado Carnicer. La inversión de las diferentesadministraciones públicas en Turno de Oficioapenas representa un 6 por ciento del total del gastoen Justicia. Según reconoce la legislación vigente, lainversión en Justicia Gratuita debe ser financiadadesde los Presupuestos Generales del Estado y de lasautonomías y no por medio de tasas especiales.El Consejo General de la Abogacía ha destacado, enla carta remitida a Gallardón, su apuesta por buscar20_Abogacía Española_Julio 2012
opinión_fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentarlas vías de solución extrajudicial de litigios (el 50por ciento de los conflictos no se judicializa graciasa que se solucionan en los despachos de abogados).Esta reducción de la litigiosidad no debe consistir enponer trabas de carácter económico, como las tasasjudiciales. La Abogacía quiere avanzar en la búsquedade soluciones para la Administración de Justicia,por lo que el presidente del CGAE ha ofrecido al Ministerio“la colaboración leal de toda la Abogacía”.El Poder Judicial, también en contraEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tambiénha mostrado su reticencia a la elevación de las tasasjudiciales mediante un duro informe –elaborado porla vocal Margarita Robles- muy crítico con las propuestasde Gallardón. El Poder Judicial es partidariode que el Ministerio de Justicia reflexione sobre esteaspecto para atemperar los incrementos recogidosen el anteproyecto.El Poder Judicial considera que la imposición detasas es excesiva y, en algunos casos, exorbitante yque supone un efecto disuasorio evidente. En algu-extrajudicial de litigiosFS ASOCIADOS CATALANA&CONDA 1_2 H 210x148,5:Maquetación 1 21/06/2012 12:57 Página 1nos procedimientos el incremento es del 33 por ciento,mientras que en otros, como apelaciones civiles ocontencioso-administrativas es de un 167 por ciento.El informe sugiere algunas dudas sobre la constitucionalidaddel anteproyecto, en cuanto el TribunalConstitucional ha advertido que la cuantía de las tasas“no debe impedir u obstaculizar desproporcionadamenteel acceso a la jurisdicción”.Por otro lado, la duplicidad de tasas estatales y gravámenesautonómicos puede dar lugar a situacionesparadójicas. Los usuarios de la Administración deJusticia pueden verse abocados a soportar, según elterritorio que actúen, el pago de dos tasas diferentespor la obtención de un mismo servicio: la Justicia. lEl Consejo General de la Abogacía ha destacado,en la carta remitida a Gallardón, su apuestapor buscar fórmulas para evitar acudira los tribunales y aumentar las vías de solución
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