La validez de documentos traducidos ante los tribunales - Abogacía ...

opinión_Dentro de lasmaterias quese encuentranvedadas alGobiernodestaca,sin duda, laprohibiciónde que losDecretos-leyesafecten “alos derechos,deberes ylibertades delos ciudadanosregulados en elTítulo Primero”En la STC 329/2005, de 15 de diciembre, el TribunalConstitucional resume su doctrina de la siguienteforma: “respecto de la interpretación de los límitesmateriales a la utilización del Decreto-ley, hemosvenido manteniendo siempre una posición equilibradaque evite las concepciones extremas, demodo que la cláusula restrictiva del art. 86.1 CE («nopodrán afectar») debe ser entendida de modo talque ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es uninstrumento normativo previsto por la Constitución,ni permita que por Decreto-ley se regule el régimengeneral de los derechos, deberes y libertades del TítuloI”. Además, “al interpretar el límite material delart. 86.1 CE este Tribunal no debe atender al modocomo se manifiesta el principio de reserva de Leyen una determinada materia, sino más bien al examende si ha existido «afectación» por el Decretoleyde un derecho o libertad regulado en el Título Ide la Constitución. Lo que exigirá tener en cuentala configuración constitucional del derecho o deberafectado en cada caso y la naturaleza y alcance de laconcreta regulación de que se trate”.C. Los defectos de los Decretos-leyes aprobadosdurante la X Legislatura1. No concurrencia del presupuesto habilitanteSi bien se trata del defecto más difícil de valorar, enla medida en que al Gobierno se le deja un ampliomargen de apreciación para determinar la concurrenciade una extraordinaria y urgente necesidad,existen algunos casos en los que se produce unacasi indiscutible inadecuación al requisito constitucional.Ello ocurre, por ejemplo, en el Real Decreto-ley15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimende administración de la Corporación RTVE, previstoen la Ley 17/2006, de 5 de junio. Si bien la Exposiciónde Motivos justifica la adopción de la medida en lasituación de parálisis de la Corporación y la necesidadde reducir sus costes, no parece justificado incluiren un Decreto-ley la modificación del régimende retribuciones de los nueve miembros del Consejode Administración de la Corporación RTVE o la modificacióndel régimen de incompatibilidades de losmismos. Estas cuestiones, que hasta el momentose encontraban reguladas por una ley ordinaria, nodificultan “alcanzar los objetivos marcados para lagobernación del país”, o “por circunstancias difícileso imposibles de prever, requieren una acción normativainmediata o en que las coyunturas económicasexigen una rápida respuesta”.Lo mismo cabe decir del Real Decreto-ley 19/2012,de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalizacióndel comercio y de determinados servicios, cuyoTítulo II se encuentra dedicado al apoyo a la exportaciónde material de defensa por el Ministerio de Defensa.Los nueve artículos de que consta este Título(que suponen más de la mitad de un Decreto-ley supuestamentededicado a la liberalización comercial)se dedican a facilitar que el Ministerio de Defensapueda intervenir en la venta de armas de empresasespañolas a Estados a extranjeros. Estos artículos sejustifican sobre la base de que la reducción del Presupuestode Defensa ha dejado a las empresas españolasgravemente afectadas. Pero el Proyecto dePGE fue aprobado en Consejo de Ministros hace másde dos meses, tiempo suficiente para poder tramitarun proyecto de ley ordinario ante el Parlamento.2. Adecuación entre la situación de necesidad y lasmedidas introducidasTambién encontramos casos en los que la situaciónde necesidad no se adecua con las medidas introducidasen la norma. El Real Decreto-ley 17/2012, de 4de mayo, de medidas urgentes en materia de medioambiente, se justifica según su Exposición de Motivossobre la base de simplificar los trámites administrativosy reforzar la seguridad jurídica del Derechomedioambiental. No obstante, su artículo 3 se limitaa suprimir de la Ley 22/2011, de residuos y sueloscontaminados, la posibilidad que se reconocía al Gobiernode adoptar medidas destinadas a facilitar elestablecimiento de sistemas de depósito, devolucióny retorno de envases y otros productos reutilizables.En otras palabras, elimina un artículo de una Ley quefacilitaba la adopción por las Administraciones Públicasde técnicas de reciclado de productos reutilizables.3. Incidencia en el Título I de la ConstituciónSe trata probablemente del más grave de los defectosque aparecen en varios de los Reales Decretosleyesaprobados durante la presente Legislatura. ElGobierno, en su generalización del Decreto-ley comovehículo normativo de sus reformas ha vulnerado envarias ocasiones los límites materiales previstos en elartículo 86.1 CE.Uno de los ejemplos más conocidos es el RealDecreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentespara la reforma del mercado laboral. Pocasnormas de nuestra historia constitucional han tenidomayor incidencia en el derecho al trabajo previstoen el artículo 35, por no mencionar la afectacióndirecta que se realiza al derecho fundamental a lasindicación recogido en el artículo 28 y al acceso ala negociación colectiva establecido en el artículo 37,todos ellos del Título I de la Constitución. Valga comoejemplo la revisión casi completa del régimen de lamovilidad funcional o geográfica del trabajador quecontiene el artículo 10 del Real Decreto-ley o la alteracióndel ámbito de los convenios colectivos contenidaen su artículo 14.24_Abogacía Española_Julio 2012