Catálogo medidas igualdad Catálogo medidas igualdad

Catálogo de medidas para la igualdad
Hay un segundo tipo de medidas que, sin abandonar el tono
de agenda, indican acciones específicas en cuanto señalan objetivos
más particulares, resultados concretos, actividades puntuales
a emprender, aun si las modalidades de su realización quedan sin
enunciarse, como en el primer tipo de recomendaciones.
En la estructura actual de la administración pública, no sólo
mexicana, que se sustenta en los principios y lineamientos del derecho
administrativo público, la norma jurídica establece los atributos,
competencias, facultades, responsabilidades de la acción
administrativa, pero no avanza hacia la prescripción de aquellas
acciones que, con base en el saber técnico y la experiencia operativa,
son causalmente idóneas y eficaces para realizar los objetivos
deseados, y que las entidades administrativas tendrían entonces
que asumir y practicar a fin de que sus atributos y facultades fueran
acciones efectivas y, en el marco de su competencia, pudieran
realizar los valores y principios fundamentales del Estado democrático,
así como los objetivos de trascendencia pública.
Es comprensible y aceptable que las normas jurídicas mantengan
distancia respecto de las normas técnicas u operativas
-ciertas acciones, procesos, modelos causales, formas organizativas,
procedimientos, instrumentos, etc.- y no tengan por
qué validarlas como normas obligatorias de comportamiento
del gobierno del Estado y de sus actores administrativos. Saber
científico y saber jurídico tienen lógicas y sentido propios. Sin
embargo, el otro lado de la moneda consiste en reconocer que la
prescripción jurídica de observar determinados valores, realizar
determinadas funciones públicas, cumplir determinados comportamientos
y ejercer determinadas facultades puede, en los
hechos, terminar por ser un imperativo cuya prescripción es susceptible
de ser interpretada, ajustada y hasta manipulada por las
entidades administrativas según sus circunstancias, o dar cabida
a decisiones y acciones cuyos resultados quedan por debajo de las
exigencias y expectativas gubernamentales y sociales, con la consecuente
frustración e inconformidad de ciudadanos y gobierno.
Esto ocurre con regularidad en el sector público, por cuanto
los principios constitucionales y los imperativos legales para la
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