Catálogo medidas igualdad Catálogo medidas igualdad

Prólogo
se abren por lo menos dos opciones de relación entre el Conapred
y el conjunto de las entidades de la administración pública.
La primera, inmediatamente viable, puesto que no altera el
arreglo administrativo establecido, consiste en dar paso a diálogos
interadministrativos de coordinación y cooperación en el
tema de la igualdad entre el Conapred y las dependencias gubernamentales,
que con el tiempo pueden tomar la forma de convenios
de coordinación, pero que en este momento permitirían al
Conapred: a) asesorar a los altos directivos de las entidades administrativas
en su proceso decisorio de acciones para promover
la igualdad y bloquear las prácticas discriminatorias; b) acompañar
y dar seguimiento a las acciones decididas, a sus procesos,
productos, resultados, al desempeño de su personal; c) evaluarlas
y emitir recomendaciones de mejora.
La segunda opción, enfocada al mediano plazo pero decisiva
para alcanzar la eficacia no sólo en el tema fundamental de la
igualdad y la antidiscriminación sino también en cualquier asunto
público a cargo de la administración pública, es abrir el camino a
la discusión, elaboración y consenso sobre la posibilidad y validez
institucional de que determinadas prescripciones constitucionales
y legales, por su importancia, puedan con congruencia y rigor
derivar y desagregarse en específicos lineamientos o directrices de
acción vinculantes, que se vuelven referencias obligatorias para la
elaboración de políticas públicas, programas, procesos administrativos
y sistemas de provisión de servicios públicos. Esta posibilidad,
en caso de ser validada, limitará la discrecionalidad habitual
de los altos ejecutivos de gobierno, que son quienes deciden
el grado de intensidad del involucramiento de su organización
en la realización de determinados imperativos legales y políticas
públicas; asimismo, pondrá límites a las muchas ineficiencias, ineficacias
y fracasos producto de decisiones de acción erróneas o,
comparativamente, de calidad inferior a otras decisiones y prácticas.
Este paso es crucial para que el Estado sea institucionalmente
impecable y, además, eficaz en sus normas. La experiencia (no
sólo mexicana) registra un Estado de alta exigencia y baja efectividad,
de ingentes recursos y pobres resultados.
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