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A su vez, debemos recordar que en la materia rige lo establecido por la ley
26.601 de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Si bien esta ley repite en líneas generales los derechos contenidos en la
Convención, es interesante resaltar que procedió a definir el denominado “interés
superior del niño” sosteniendo que se trata de “la máxima satisfacción integral
y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad…”,
para aclarar también que “cuando exista conflicto entre los derechos e
intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros” (es decir lo requerido o necesitado por el niño,
niña o adolescente).
Para resumir las disposiciones aplicables, señalaremos los artículos de la
Convención por los cuales se sostiene que ante un adolescente que solicite información
sobre salud sexual y reproductiva, como así también acceso al testeo e
información sobre resultados y tratamiento, debemos prestar dicho servicio.
Estos son:
• Art. 3: interés superior del niño/a.
• Art. 12: derecho a expresar su opinión libremente.
• Art. 17: acceder a la información.
• Art. 24: derecho a la salud y al disfrute del más alto nivel posible de atención
médica y tratamiento. Este artículo a su vez compromete a los
Estados Nacionales a abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales
para la salud de los niños. Entre ellas podemos destacar la pretensión
de hacer primar la opinión de padres, madres o tutores por sobre las necesidades
de salud de los niños.
3.- Acceso a medicamentos, insumos y atención
ANEXO 4
En los sucesivos encuentros mantenidos en el país ha surgido recurrentemente
la inquietud por parte de muchos profesionales acerca de qué hacer cuando las
obras sociales se niegan a prestar la atención adecuada.
Ante esto, podemos señalar en principio que de acuerdo a lo analizado en los
puntos anteriores es obligación de las obras sociales y medicinas prepagas prestar
todos los servicios y atenciones aquí resumidos.
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