DE MESTIZAJES, INDIGENISMOS, NEOINDIGENISMOS Y OTROS ...

lo que es hoy Bolivia, distribuidos en distintas comunidades, compartían al interior de las mismas la
propiedad de la tierra. Ésta se organizaba obedeciendo a la lógica del archipiélago vertical —
estudiada por John Murra (Formaciones) — lo que permitía el acceso de los distintos ayllus a
diferentes pisos ecológicos. Durante la Colonia, aunque los repartos fragmentaron de distintos
modos las comunidades indígenas, dada la necesidad por parte de los españoles de contar con
mano de obra indígena tanto para trabajar la tierra como las minas, se conservó de alguna manera
la organización comunal para facilitar la provisión de los trabajadores y el pago del tributo a la
Corona española al que los indios estaban obligados.
Durante el periodo independentista, fue Bolívar el primero en abrir la brecha por la que luego
se orientarían las distintas medidas que tuvieron que ver con los indígenas bolivianos y con las
tierras de comunidad en que ellos vivían. En 1824, el Libertador, imbuido de ideas de corte liberal
e individualista, decretó —aún no constituida la nación boliviana— que toda la tierra comunal
fuera distribuida entre los integrantes indígenas de las diferentes comunidades, pasando éstos a
constituirse en propietarios individuales de ella; asimismo, determinó que toda tierra que no fuera
reclamada en propiedad individual fuera declarada propiedad del Estado. Estas tierras y el resto de
“tierras sobrantes” —como fueron llamadas— serían puestas en remate público para ser
adquiridas por nuevos propietarios. En 1825, Bolívar emitió un nuevo decreto explicitando el
anterior y aboliendo el tributo indio.
Dada la intrínseca relación que existía entre tributo y propiedad comunal, una vez constituida
la nación boliviana, el presidente Sucre se ve obligado a derogar los decretos bolivarianos, ya que la
subsistencia del Estado boliviano dependía totalmente de los ingresos que percibía por el tributo
indígena. Durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz (1829-1839) se dicta la ley de 1831, a
través de la que se declara a los indios propietarios individuales o en comunidad de toda la tierra
que poseían, por un lapso mínimo de diez años, y se mantiene el pago del tributo correspondiente.
Como en esta ley no se tocaba el principio de propiedad colectiva, y el indígena percibía en el pago
del tributo al Estado nacional cierta continuidad con el antiguo pacto de reciprocidad que tenía con
53