Gaceta N° 167 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gaceta de la CNDH
res públicos del ámbito de la procuración de justicia en Campeche sean actividades cotidianas en las
que se refleje la esencia de la institución del Ombudsman, que no es otra cosa que hacer causa común
con las personas para que sus derechos fundamentales sean siempre respetados.
La educación en Derechos Humanos es una herramienta necesaria para abonar el camino hacia la
plena vigencia de las libertades esenciales, que no ha de lograrse sino mediante la práctica cotidiana
que se convierte en conciencia pública actuante, despierta y activa de parte de la población y de los
servidores públicos.
En la época actual, las instituciones públicas de defensa y promoción de los Derechos Humanos —así
como las autoridades gubernamentales— pueden comprometerse igualmente con la observancia y
salvaguarda de la ley como condición indispensable de la convivencia social, la justicia y el Estado de
Derecho.
En México, la sociedad nacional tiende a encontrar en las Comisiones públicas de Derechos Humanos
a sus aliadas incondicionales contra el abuso, la injusticia, la inseguridad, la indiferencia y la ineficacia
que tanto dañan la convivencia civilizada.
Las Comisiones públicas sostenemos que la actuación transparente de quienes tienen a su cargo el
ejercicio de la administración pública es una obligación consustancial de la democracia. Esta noción
fundamental la perciben los ciudadanos cada vez con más claridad y con más determinación para
fortalecerla.
Debemos reconocer, sin embargo, que aún falta mucho para que la vigencia del Estado de Derecho
se integre como una expresión fundamental de la normalidad democrática a la que aspiramos la inmensa
mayoría de los mexicanos.
Garantizar la protección y la defensa de los derechos fundamentales va de la mano de la observancia
de la ley. En materia de seguridad pública, por ejemplo, no hay pretexto para que las autoridades sean
omisas en el cumplimiento de sus obligaciones, so pretexto de que si se aplican a fondo en su cometido
se exponen a vulnerar los Derechos Humanos. Cumplir la ley y comprometerse a que se cumpla sin
abusos ni tergiversaciones es, justamente, una manera de defender el derecho fundamental a la seguridad
y a la justicia que todo ser humano debe tener.
Satisfacer oportunamente las demandas de atención de quienes ven vulnerados sus derechos por
algún servidor público federal, estatal o municipal, es parte importante de nuestro quehacer cotidiano
desde los Organismos públicos de Derechos Humanos.
Asumimos esa actividad como el cumplimiento de una obligación específica, y como una exigencia
jurídica cuyo ejercicio reclama una elevada ética personal y, a la vez, como una oportunidad que
favorece la colaboración institucional.
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Gaceta 167
junio/2004