Gaceta N° 167 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

LA MARCHA
DE LA INDIGNACIÓN
José Luis Soberanes Fernández
La seguridad pública es uno de los primeros Derechos Humanos que el Estado debe tutelar; es uno de
sus pilares y una de sus principales razones de ser. La actual crisis de la seguridad pública y el hartazgo
de millones de personas, que exigen a sus gobiernos, en todo el país, un freno eficaz a secuestros,
asaltos y a otras formas extremas de la criminalidad, exhibe un peligroso riesgo de quiebre del propio
Estado mexicano —quizá el más grave al que haya estado sometido en el último medio siglo—, si es
que esa exigencia se minimiza, se desvía, se maquilla y no se entiende ni se atiende el fondo del
reclamo social: abatir la impunidad. Quien tenga dudas de lo que está en juego que comience por
recordar algunos conceptos y reconocer que en su forma moderna, democrática, el Estado representa
el interés público del conjunto de los ciudadanos; que, si detenta el monopolio de la violencia legítima,
es precisamente para poner coto a cualquier otra forma de violencia (ilegítima) por parte de particulares,
de grupos y personas. Cuando el Estado no logra contener e impedir la violencia criminal
está diluyendo una de sus principales razones de ser; su indiferencia o negligencia deja inermes a los
ciudadanos, estimula las tentaciones de hacerse justicia por propia mano, y, lo peor, pone al Estado en
entredicho.
Cuando una persona juega con nuestros sentimientos nos indignamos, pues pasamos a ser simplemente
un juguete, algo que se usa y se tira sin respeto ni consideración alguna a la dignidad inherente
a la condición humana. Pero cuando lo que está en juego es nuestra propia vida o la de nuestros seres
queridos, nuestra tranquilidad y nuestro patrimonio —que es precisamente lo que sucede con el aberrante
delito del secuestro—, el reclamo no puede ser ignorado por ninguna autoridad, ni mucho
menos menospreciado, aún si se convierte efectivamente en argumento o instrumento de uso electoral.
En la marcha, amplios segmentos de la sociedad —representativos seguramente de muchos más— se
han organizado para decir ¡ya basta! a tales infamias. Sólo los sordos podrán negarle pertinencia a esas
voces. Sólo los ciegos no verán que esa expresión de indignación ciudadana va más allá del signo
político de algunos de sus organizadores o de la clase social a la que se pertenece. Hoy es evidente que
Gaceta 167
junio/2004
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