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Calderón oye… pero la estrategia sigue
DANIEL LIZÁRRAGA
Luego de 27 sesiones del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, y a
tres años con ocho meses de que se
inició la “guerra contra el narcotráfico”
del presidente Felipe Calderón,
tanto él como los 32 gobernadores y
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, aceptaron públicamente el resultado
del último reporte oficial: el país pasa por
una situación “muy grave y sin precedentes”
en materia de inseguridad pública.
En el marco de los Diálogos por la Seguridad
convocados por la Presidencia de la República,
las autoridades con mayor responsabilidad
política en el país no intentaron desmentir
el último informe del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), en el cual se reporta
que con la oleada de violencia que desataron
los cárteles de las drogas aumentaron significativamente
los índices de robo a mano armada,
secuestro, extorsión y homicidio.
Dispuestos a conformar el frente común
al que fueron llamados por Felipe Calderón,
los mandatarios aportaron ideas y propuestas
durante el encuentro. La mayoría de ellos
se manifestaron dispuestos a olvidar las diferencias,
como dijo el gobernador de Coahuila,
Humberto Moreira:
“Hemos tenido diferencias. Yo, en lo personal,
muchas diferencias en temas en los que
pensamos distinto. Hoy le digo, por La Laguna,
presidente, y por Coahuila, que ofrezco
cerrar esas diferencias, dejar esas diferencias,
trabajar juntos; no digo que iniciar ese trabajo,
porque doy una explicación de lo que hemos
estado haciendo, sino esforzarnos más.
“Mi relación con usted, presidente, no
se ha caracterizado por la adulación, por la
lisonja, por el aplauso fácil. Podemos tener
diferencias, pero en este tema no, presidente.
Hoy debo ser congruente con lo que pienso.
A mí me parece importante el valor que usted
ha tenido en esta lucha, pero más importante,
el valor que tiene para detener la marcha, y la
hombría que tiene para poder asumir que era
necesario escucharnos todos.”
Calderón respondió: “De esto es básicamente
de lo que se trata el construir una
política de Estado, que esté por encima de
diferencias, que sí tenemos, y que además,
en honor a la verdad, también será muy difícil,
y yo pienso que incluso no deseable, que
desaparezcamos (las diferencias), sino simplemente
que se conduzcan en el marco de
respeto democrático.
“Respeto que yo he ofrecido a todas y a
todos por igual. Respeto también, que pido,
que exijo, no sólo por mí o por lo que sea yo,
sino por las instituciones que todos representamos.
De manera tal que, con mucho gusto,
hay esa voluntad del gobierno federal de
construir en común.”
Sin embargo, en tal frente común hay 11
gobernadores que entre diciembre próximo y
los primeros meses de 2011 dejarán el poder:
Ulises Ruiz, de Oaxaca; Fidel Herrera, de Veracruz;
José Reyes Baeza, de Chihuahua; Miguel
Osorio, de Hidalgo; Eugenio Hernández,
de Tamaulipas; Ismael Hernández Deras, de
Durango; Mario Marín, de Puebla; Félix González
Canto, de Quintana Roo; Jesús Alberto
Aguilar, de Sinaloa; Héctor Israel Ortiz, de
Tlaxcala, y Amalia García, de Zacatecas.
El gobernador de Baja California, José
Guadalupe Osuna, reconoció que sus “colegas”
no han hecho la tarea. Hace ya dos largos
años, recordó, el 21 de agosto de 2008,
“tuvimos una reunión en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública y nos comprometimos
a depurar a los cuerpos policiacos creando
para ello centros de control y confianza.
¿Saben cuántos años, perdón, cuántas entidades
federativas están certificadas Dos.
Faltan 30 por certificar. Sinaloa y Baja California
(son las certificadas); dos más (están) en
proceso de certificar: Distrito Federal y otra
entidad federativa que no recuerdo ahora”.
Aunque Moreira y Osuna, el resto de los
mandatarios y Felipe Calderón coincidieron
en el discurso para sumar esfuerzos, en el encuentro
no se fijó una agenda para las nuevas
propuestas ni fechas para cumplir compromisos
como el conformar una sola policía por
estado, construir nuevos penales y frenar el
consumo de drogas.
Tampoco se acordaron mecanismos para
medir los resultados ni se definió cómo se
comunicarán a los ciudadanos, las organizaciones
no gubernamentales y los medios de
comunicación.
Mario Marín, aún gobernador de Puebla
y quien fuera señalado públicamente como
integrante de redes de pederastas, según
expedientes judiciales, videos y testimonios
disponibles en internet, dijo:
“Como saben, en Puebla hemos logrado
reducir los índices de la delincuencia, y esto
lo debemos a tres puntos esenciales, que a
continuación menciono: recuperación de
valores y principios a partir de la familia (…),
actividades, como le consta al señor presidente,
que ha visto las unidades deportivas,
más de 30 que hemos creado en Puebla, e
inversión en el campo.”
Y cuando todavía no se resuelven las
secuelas del secuestro de periodistas y del
escándalo por el grupo de reos que por las
noches salía del penal estatal para cometer
asesinatos, el gobernador de Durango, Ismael
Hernández, soltó en los Diálogos por la Seguridad:
“Quiero reconocer el valor de la iniciativa
presidencial para estimular el diálogo en torno
a un tema de alta prioridad. Es fundamental
construir una auténtica política de Estado”.
Decidido se mostró Ney González: “Sí se
necesita ajustar la estrategia en los tres órdenes
de gobierno para sacar la violencia de
las calles, predominantemente. Presidente,
el pueblo está contigo. Ahora necesitas a los
políticos. Cuenta conmigo”, se lanzó el gobernador
de Nayarit, quien el pasado 16 de junio
ordenó la suspensión de clases ante rumores
de que habría una ola de ejecuciones que la
Policía Estatal sería incapaz de frenar.
Jueces, al margen
El miércoles 11, en el marco del mismo Diálogo
por la Seguridad en el Casino Militar, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia,
reconoció abiertamente que los jueces
y magistrados no estaban preparados para
asumir nuevos compromisos en la configuración
de una nueva política de Estado contra
la delincuencia organizada.
“Mi compromiso en este momento es
comentarlo con amplitud en el Consejo de
la Judicatura Federal y será delante del Observatorio
Ciudadano del Poder Judicial de la
Federación donde podamos asumir nuevos
compromisos y acciones, de los cuales daremos
oportuna cuenta”, comentó.
Felipe Calderón interrumpió al ministro
para preguntar a sus invitados, todos ellos
miembros del Poder Judicial, cómo enfrentar
la impunidad.
“Ante este grave problema de inseguridad
–cuestionó–, ¿qué realmente se puede hacer
desde el Poder Judicial Hay un alto número
de detenidos en flagrancia o en compañía
de otros presuntos criminales. Sin embargo,
el número de personas sujetas a proceso o
condenadas es significativamente menor al
número de personas que se detienen. ¿A qué
obedece realmente las deficiencias que estamos
teniendo en los ministerios públicos
¿Hay algo que se puede hacer con ello Y,
finalmente, el hecho de que delitos que se
cometen no se castiguen. ¿De qué manera
podemos acotar este asunto, desde luego,
12 1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010