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ESPECTÁCULOS
En todo este año las quejas de los realizadores cinematográficos
mexicanos han sido recogidas en
nuestras páginas, según sus propias experiencias
con los estrenos de sus obras. Hoy las voces
se agrupan y plantean un frente para detener los
abusos contra la producción nacional. Se recogen
aquí posturas de varios de ellos, además de actores,
productores y especialistas, pero los exhibidores
argumentan que no están fuera de la ley.
cias en la taquilla de un filme mexicano es
para el distribuidor y exhibidor comercial,
mientras que el productor se lleva un mínimo
de esa tajada económica y no recupera
la inversión de su proyecto.
(Cabe destacar que Miller abundará en
esta problemática con su conferencia La
distribución de cine mexicano y latinoamericano
en Estados Unidos el próximo
28 de agosto, a las 10 horas, en la sala cinco
de la Cineteca Nacional.)
Monopolio total
Víctor Ugalde, guionista y director cinematográfico
y presidente de la Sociedad
de Directores de Cine y Medios Audiovisuales,
escribe en la revista mexicana de
cine Toma:
“Sólo tres cadenas exhibidoras poseen
3 mil 944 pantallas, es decir 86.34% del total.
Cinépolis las encabeza con 2 mil 137
ubicadas en 199 complejos fílmicos; les sigue
el grupo México –que incluye a las empresas
Cinemex y MM Cinemas– con mil
507 pantallas en 153 complejos, y Cinemark
con 300 pantallas, en 31 complejos.
“Los ingresos de estas tres empresas suman
7 mil 281 millones 505 mil 406 pesos
que representan 93.73% del total nacional,
gracias a que captaron a 163 millones 760
mil 288 asistentes, 91.70% del total.
“El resto de las 624 pantallas agrupadas
en 127 complejos con cinco minisalas,
sólo obtuvieron 6.27% de los
ingresos, ya que los grandes distribuidores
les proporcionan los largometrajes
dos o tres semanas después, cuando
ya pasó la gran demanda de asistentes por
la novedad.”
Luego, Ugalde hace hincapié en que
México es el quinto país consumidor de
boletos de cine en el mundo: “No es uniforme,
y sólo está beneficiando a un sector
de la cadena productiva, que es la exhibición,
afectando al resto, especialmente al
sector de la producción fílmica”.
Partiendo de la forma como se distri-
Armida de la Garza, directora adjunta del
Departamento de Comunicación en la Universiad
de Nottingham, actualmente en el
campus de China donde imparte desde 2004
las cátedras Culturas y narrativas cinematográficas
y Cine latinoamericano, incita a
que se busquen acciones concretas para mitigar
“la situación de marginación que enfrentan
muchos realizadores mexicanos”.
Opta por legislar, si bien no cree que sea
suficiente “pues las razones por las que se
da este problema son complejas, y no va a
solucionarse por decreto”. Una legislación
efectiva debería ir acompañada de acciones
concretas que busquen “involucrar a la
sociedad civil en el cambio, buscar modificar
paulatina y gradualmente hábitos cotidianos
de consumo. Nos encontramos en un
momento propicio para este cambio, porque
las opciones digitales, tanto en producción
como en exhibición, han abaratado costos y
abierto posibilidades de nuevas redes de exbuyen
los ingresos en la taquilla, ofrece
los porcentajes siguientes:
“De cada boleto, el gobierno recibe
16% por concepto del IVA, pagado por todos
los sectores de la cadena. Después se
descuenta 1.65% por concepto de los derechos
en todas las películas mexicanas y
de los países que hayan firmado la Convención
de Berna. El monto restante se divide
entre exhibidor, con un promedio de
63%, y el distribuidor con 37%.”
Del dinero que recibe la empresa distribuidora
se deben descontar los gastos
por concepto de copias, promoción y publicidad,
y del dinero restante la distribuidora
se cobra 25% en promedio, por sus
servicios.
“Al productor se le entrega el dinero
restante y con eso debe de cubrir lo invertido
en la producción fílmica, así como su
estructura administrativa. En teoría, debería
recibir lo suficiente para poder invertir
en una nueva película; pero esto casi nunca
sucede, ya que en 90% de las ocasiones
las cintas no logran recuperar su inversión
al 100%.”
En entrevista con Proceso, Ugalde
propone, enérgico:
“Se debería de establecer una norma
que impulse la distribución de nuestro cine.
A las majors (Fox, Sony, Walt Disney,
Universal, Warner Bros, Paramount) no
les interesa realmente, y para los distribuidores
pequeños es más fácil traer películas
de 5 o 10 mil dólares que desplacen nuestro
cine mexicano, que arriesgar con cintas
nacionales que son más caras. Su costo anda
alrededor de 1.5 millones de dólares.”
Delata que “todos los día que hay estreno,
hay dumping (competencia desleal)
contra nuestro cine”, pues “casi no se estrenan
cintas del país porque en las buenas
fechas hay una gran presencia dominante
estadunidense que nos arruina, y en las malas
nos programan para canibalizarnos”.
Aboga por establecer mecanismos para
“una justa exhibición y una verdadera libre
competencia, donde las empresas majors no
saturen el mercado con exceso de copias, los
cines pongan los trailers y la propaganda a
tiempo de los filmes mexicanos. Y que nos
den semanas con funciones completas”.
México intentó poner un impuesto al
exhibidor con el llamado “derecho de un
peso por espectador”, afirma; sin embargo,
la SCJN “los amparó violando todo
principio jurídico” e informa que en cualquier
momento se podría establecer un impuesto
a la taquilla, porque “hay las bases
jurídicas para ello”.
Además, no se respeta 10% de tiempo
en pantalla para el cine mexicano que indica
la Ley Federal Cinematográfica desde
1992.
“En la Ciudad de México se estrenaron
54 filmes del país, pero en 50% de los estados
sólo exhibieron 25. Sólo siete cintas
nacionales se exhibieron en todo el país.
Así que 60% de los largometrajes mexicanos
no se proyectaron en más de 20 estados
y 30% en menos de 10 entidades.”
Estallido de inconformidad
1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010 71