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DERECHOS HUMANOS
co” tiene a la Marina en el mismo camino
que el Ejército: un marcado crecimiento
de acusaciones contra sus elementos por
violación a los derechos humanos, algunas
de ellas graves.
En el primer año del gobierno de Calderón
aumentaron a 31 las quejas contra la
Marina; en 2008, a 45; en el siguiente fueron
42, y hasta el 15 de julio de este año ya
iban 56. Entre éstas, 21 son por detención
arbitraria, 17 por trato cruel, 16 por retención
ilegal, dos por privación de la vida y
una por tortura.
Las quejas han derivado en seis recomendaciones
de la CNDH. Las dos más
recientes son por la actuación de infantes
de Marina en hechos relacionados con el
combate al narcotráfico. Una de ellas fue
rechazada por la dependencia que encabeza
el almirante Mariano Francisco Saynez
Mendoza.
Octavio Gómez
Confusiones, negligencia…
El incremento de las violaciones a los derechos
humanos por parte de la Armada de
México coincide con la mayor presencia
de esa fuerza en todo el país para enfrentar
a grupos de narcotraficantes, lo que ocurre
en particular con la Infantería de Marina,
el componente terrestre de la Armada.
Sin autorización del Congreso, en los
dos primeros años del gobierno de Calderón
la Armada se reorganizó para tener
presencia en territorio continental y ahora
dispone de más de 15 mil infantes de Marina
que, al igual que los marines en Estados
Unidos, operan en aire, tierra y mar
(Proceso, Edición Especial 29).
De acuerdo con la Semar, los infantes
de Marina “son la primera línea de defensa
de los litorales” pero también operan como
el componente terrestre de la Armada, lo
que ha llevado sus acciones a zonas continentales
del país, como la sierra de Sinaloa;
Cuernavaca, Morelos; Monterrey, Nuevo
León, e incluso el Distrito Federal.
En Cuernavaca, en diciembre pasado,
210 integrantes de las Fuerzas Especiales de
la Infantería de Marina realizaron la Operación
Cuerno III, en la que ejecutaron al cabecilla
del narco Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
En esa cacería, que se realizó entre el 11
y el 16 de diciembre, murieron dos civiles
a manos de efectivos de la Marina: Patricia
Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez.
Ambos recibieron decenas de descargas.
Terroba murió el día 11, en el primer
intento de los infantes de Marina por cercar
a Beltrán Leyva en el fraccionamiento
Los Limoneros, donde el capo estaba en
una fiesta. Terroba fue acribillada “por pasarse
un retén”, explicaron los marinos a
su viudo, Gabriel Pintado.
El otro civil, Ignacio Aguilar, murió durante
el operativo del día 16 porque los marinos
“lo confundieron”, pues según le dijeron
a la viuda, Andrea Martínez, iba en una
camioneta igual a otra en la que un sospechoso
se dio a la fuga (Proceso 1734).
La infantería de Marina fue desplegada en todo el territorio
para integrarse a la lucha contra el narcotráfico,
ante el desgaste de imagen del Ejército. Pero la Armada
va por el mismo camino, al cometer cada año más
abusos contra ciudadanos ajenos al narco, en situaciones
que no entrañan peligro alguno para sus efectivos.
Esto se refleja en el incremento de las quejas ante
la CNDH contra la dependencia en el sexenio de Felipe
Calderón y particularmente en lo que va de 2010.
Huellas de la tortura
El segundo visitador de la CNDH, Marat
Paredes, asegura que al terminar la investigación
de esas muertes se podrán abrir
dos denuncias penales. Una en la Procuraduría
General de la República (PGR) y otra
en la Procuraduría General de Justicia Militar
(PGJM).
El operativo de los infantes de Marina
contra El Barbas tuvo otras consecuencias
que son investigadas por la CNDH: el asesinato
de la familia del tercer maestre de
Fuerza Especial Melquisedet Angulo Córdova,
quien murió en el asalto al departamento
donde se ocultaba el narcotraficante,
a unas cuadras de la 24 Zona Militar.
En represalia por la ejecución de El
Barbas, sus aliados del cártel de origen militar
Los Zetas asesinaron el 22 de diciembre
de 2009, en Paraíso, Tabasco, a cuatro
familiares del marino, incluida su madre.
La matanza ocurrió horas después de que
sepultaran a Angulo Córdova en la tierra de
su familia.
La CNDH investigó este caso y el pasado
28 de abril determinó que la ejecución
de la familia se debió a la negligencia
de la Semar, no sólo al hacer publicidad
de los datos personales de la víctima, sino
porque la Armada “tomó bajo su control,
mediante fuerte dispositivo de seguridad,
la atención de las víctimas, así como de los
familiares directos” del marino.
Explica que, al informar sobre el operativo,
la Semar mencionó el nombre completo
de la víctima, propiciando que varios
medios periodísticos entrevistaran a
su madre. Esto “generó que tanto ella como
tres familiares más se constituyeran en
flanco visible de la venganza del crimen
organizado”.
Directo, el organismo señala que al divulgar
los datos del infante de Marina, elementos
de la Semar violaron “los derechos
1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010 19