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CORRUPCIÓN
y Desarrollo Tecnológico del IMSS, Carlos
Felipe Castañeda Gómez del Campo.
Participaron varias empresas, entre
ellas la Universidad Autónoma de Nuevo
León; EDS de México; Itera SA; Valores
Corporativos Softtek y Tata Consultancy
Services de México.
Aunque durante las juntas de revisión
algunas empresas hicieron reclamos por
la forma en que se estaba realizando la
subasta, el 14 de septiembre de 2007 el
IMSS anunció su fallo a favor de TCS.
Contra viento y marea, el 4 de octubre
de 2007 Molinar Horcasitas y Castañeda
Gómez del Campo firmaron el contrato
No. 7S7279 con TCS por la cantidad mínima
de mil 241 millones 376 mil 323 pesos
hasta un máximo de tres mil 103 millones
440 mil 809 pesos. La duración del contrato
fue de 48 meses a partir de la firma.
El reclamo de los competidores fue
que la compañía a la que le daban el contrato
era de reciente creación y no contaba
con los suficientes estados financieros ni
tenía la certificación de calidad CMM15
que se pide a las empresas de tecnologías
de la información.
Las denuncias llegaron a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) que abrió el
expediente 657/2007. Mediante la resolución
número 115.5.3241 del 19 de diciembre
de 2007, la Dirección General de
Inconformidades de la SFP determinó que
el IMSS “debía llevar a cabo una nueva
evaluación de las propuestas y fallo que en
derecho proceda”.
Según los contratos que la empresa
firmó con el IMSS, TCS fue creada el 2
de abril de 2003 y el 12 de septiembre de
2006 nombró como representante legal a
Ankur Prakash.
Para subsanar los requisitos que no cubría,
detalló Reyes Orona, esa compañía
“se alió con una empresa extranjera que
no participó en la licitación”: Tata America
International Corporation, la cual,
según el declarante, está metida en “un
escándalo en Chile, ya que se acreditó
que una empresa parte de este grupo fue
sorprendida en actos ilícitos vinculados a
los servicios informáticos que prestaba al
Registro Civil de aquel país”.
En su demanda de juicio político, Reyes
Orona declara que “el señalamiento
indicaba que (la empresa trasnacional con
la que se alió la mexicana) había hecho
llegar recursos a campañas no admisibles
conforme a la ley allá en Chile”.
Ante la decisión de la SFP del 19 de
diciembre de 2007, que ordenaba anular el
contrato entregado a TCS y revisar nuevamente
todas las propuestas, el IMSS repuso
el fallo el 4 de enero de 2008, pero de
nueva cuenta éste recayó en Tata Consultancy
Services y ya nada pudieron hacer el
resto de las concursantes.
Debido a esta nueva resolución se anuló
el contrato que en principio se había entregado
a TCS y se firmó otro, multianual,
el 16 de enero de 2008 y que tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2011.
El nuevo contrato, número 8S8056,
establece un pago mínimo de mil 228 millones
600 mil 566 pesos y un máximo de
3 mil 71 millones 501 mil 416 pesos.
También se deja asentada la alianza a
la que hubo de recurrir TCS para cubrir
los requisitos de la licitación. En la página
dos del nuevo contrato se establece que
“celebró con Tata America Internacional
Corporation un convenio de participación
conjunta para proporcionar los servicios
objeto del presente contrato… y las obligaciones
deberán cumplirse solidariamente”.
El caso sigue abierto
Hasta la firma del contrato, las empresas
desplazadas ya nada podían hacer, pues
los requisitos habían sido saldados.
Sin embargo, a principios de 2009 Reyes
Orona inició una indagación: como
presidente de la organización Transparencia
Nacional solicitó a través del IFAI todos
los “contratos, pagos y facturas de la empresa
Tata, empresa consultora, que presta
servicios a la Dirección de Innovación
a cargo de Carlos Castañeda Gómez del
Campo en el área de Innovación y Desarrollo
Tecnológico y que contratan a diversas
empresas relacionadas con sistemas”.
El 19 de marzo de 2009, el IMSS debió
enviar “la información existente”. Se
trata de los dos contratos firmados por Tata,
el primero 7S7279 (que fue anulado)
y el 8S8056, más las facturas correspondientes
a los servicios proporcionados en
2007 y 2008 por dicha empresa.
Los hallazgos fueron reveladores.
Uno de los reclamos que Reyes Orona
hace en su demanda de juicio político contra
Molinar Horcasitas y el contrato firmado
con Tata es que el IMSS paga “por
hora-hombre” una cuota fija de 235.80 pesos.
Esto significa que el número de horas
que la empresa reporte como trabajadas,
multiplicado por 235.80 es la cantidad en
pesos que el instituto debe cubrir.
En su denuncia, el exprocurador fiscal
aclara que “los nombres, listados y nóminas
de Tata son desconocidos, por lo que
se exige un escrupuloso escrutinio de ellos
debiéndose constatar si se han incorporado
a la planta laboral extranjeros que desplacen
a mexicanos”.
Lo anterior, detalla Reyes Orona, es
porque se tiene conocimiento de que la
empresa sólo cuenta con 500 empleados
en México y según las facturas que le fueron
entregadas por el IMSS, se llegaron a
laborar hasta 420 mil horas por mes.
“Esto sólo significa una cosa: o que
recurrieron a trabajadores extranjeros, con
lo cual están quitando empleo a mexicanos,
o las horas que vienen en las facturas
están alteradas. Y si se revisan bien, es imposible
que la planta laboral de Tata haya
cubierto ese tiempo en un mes. Son un insulto
y aberración esas facturas”, sostiene
en entrevista.
Con las facturas en la mano y de las
que sólo se le entregaron las emitidas en
2007 y 2008 por el IMSS y corroboradas
por la Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, ofrece una muestra de
una parte de las irregularidades.
Por ejemplo, para agosto de 2008 hay
dos facturas por el mismo trabajo. Una es
la número 2623 que reporta 110 mil 549
horas-hombre trabajadas con un monto a
pagar de 29 millones 977 mil 572.33 pesos.
Luego, existe otra por el mismo mes,
con el número de factura 2676 con 36 mil
688 horas-hombre trabajadas por un monto
de 9 millones 677 mil 514.96 pesos.
Esto significa que se pagó dos veces el
mismo trabajo y en total la empresa Tata
recibió 39 millones 655 mil 87.29 pesos.
“Y no sabemos cuál fue el trabajo real”.
Otro caso es el de septiembre de 2008:
“En la primera factura de ese mes, la número
2624, se reportan 53 mil 956 horas-hombre
trabajadas con un monto de 22 millones
766 mil 348.52 pesos a pagar. Y luego existe
otra por el mismo mes de septiembre con
33 mil 758.9 horas-hombre laboradas con
un costo para el IMSS de 9 millones 154
mil 400.91 pesos. Tampoco sabemos cuál
de las dos facturas es la real”.
Reyes Orona aclara que sólo tiene las
facturas de 2007 y 2008, “y como el contrato
sigue, supuestamente se sigue brindando
el servicio al instituto, no sabemos si existieron
otras irregularidades durante el año
2009 y lo que va de 2010, pero lo peor es
que el contrato vence el 31 de diciembre de
2011. ¡Esto no puede seguir así sin que se
investigue, si ya de por sí el proceso de licitación
y el fallo estuvo amañado al aceptar la
participación de otra empresa llamada igualmente
Tata para cubrir los requisitos, pues
no sabemos qué más puede haber en ese millonario
contrato que es multianual!”.
En 2007, el IMSS pagó tres facturas,
las de octubre, noviembre y diciembre,
por un total de 31 millones 605 mil 188.91
pesos. “Aquí también habría que ver si hubo
otra irregularidad, pues ese contrato ya
había sido anulado por órdenes de la SFP
y por ello se firmó uno nuevo el 16 de enero
de 2008”.
En cuanto a 2008, el IMSS pagó facturas
por 276 millones 860 mil 236.40 pesos.
Pero, advierte Reyes Orona, no hay
que olvidar que el tope máximo es por más
de 3 mil millones de pesos y no sabemos
si durante 2009, 2010 y 2011 se va a facturar
doble o si las jornadas que reporten
sean reales, hasta alcanzar el máximo que
puede pagar el IMSS y que está estipulado
en el contrato.
58 1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010