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ANÁLISIS
OLGA PELLICER
Terrorismo en la frontera norte
E l terrorismo ha aparecido en México.
A partir de la explosión en Ciudad Juárez
de un coche bomba accionado desde un
teléfono celular, y de las granadas utilizadas
por narcotraficantes y provenientes
de Centroamérica, se ha tomado conciencia
de varios hechos. El primero, que hay
asesoría criminal sofisticada que viene
del exterior; se ha señalado a Colombia o
a países centroamericanos con experiencia
en luchas guerrilleras como las fuentes
más probables. El segundo, que una
vez adquiridos armas y conocimientos
para nuevas expresiones de violencia, es
altamente probable que vuelvan a ser utilizados;
en otras palabras, el salto cualitativo
en la violencia augura, también, su
permanencia y profundización. El tercero,
que cambian los parámetros para la relación
con Estados Unidos; de modo que el
propósito de establecer una zona fronteriza
que fuera ejemplo de los beneficios del
intercambio está siendo sustituido por manejar
conjuntamente una región en guerra.
Funcionarios tanto de México como
de Estados Unidos se apresuraron a negar
la pertinencia de referirse a los hechos
ocurridos en México como terrorismo.
Los ataques en Ciudad Juárez no iban dirigidos
de manera indiscriminada a grupos
civiles, señaló el embajador de México en
Washington; otro tanto expresó el embajador
estadunidense en México, para quien
los hechos de la frontera son muy inquietantes,
pero se debe diferenciar entre lo
que es y no es terrorismo. De acuerdo con
él, terrorismo se refiere a la acción de grupos
cuyo objetivo es obtener el control del
gobierno.
Es fácil cuestionar el uso del término.
No existen criterios precisos para afirmar
que hay un problema de terrorismo porque
no hay acuerdo sobre su definición. Los
expertos de Naciones Unidas llevan varios
años reuniéndose para llegar a una definición
universalmente válida sin haberlo logrado.
Lo más cercano a un consenso es la
definición incorporada en el Informe Un
concepto más amplio de la libertad, presentado
en 2005 por el entonces secretario
general de la ONU: Es “toda acción encaminada
a causar la muerte o un grave daño
corporal a civiles no combatientes, con el
fin de intimidar a la población u obligar a
un gobierno u organización a hacer o dejar
de hacer alguna actividad”. (Párrafo 91
del Informe.)
Los hechos que han tenido lugar en
las ciudades fronterizas del norte del país
caen dentro de esa definición. En efecto,
han causado la muerte de civiles, han intimidado
a la población y han tratado de
que el gobierno u organizaciones criminales
enemigas hagan o dejen de hacer
ciertas actividades. Ante lo grave de la
situación, es importante tomar conciencia
de los efectos que la nueva violencia fronteriza
tiene sobre el futuro de las ciudades
donde ocurre y sobre su impacto en la relación
con Estados Unidos.
La desconfianza, el escepticismo y el
temor son sentimientos generalizados en
las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez
o Nuevo Laredo. Llevará tiempo reponer
las inversiones que se han ido, regresar
a los profesionistas que están saliendo,
reconstruir el tejido social que se ha desbaratado.
Esas ciudades fragmentadas,
empobrecidas y al amparo de la delincuencia
no son la situación más alentadora
para llevar adelante las relaciones fronterizas
que sería deseable construir con
Estados Unidos. Por el contrario, lo que
ahora se puede esperar del país vecino es
el incremento de presiones para enviar a
la Guardia Nacional, levantar más vallas
y aumentar la presencia de asesores que
analicen, diagnostiquen e implementen
acciones para reducir la violencia.
Académicos y diplomáticos se habían
empeñado en proponer un futuro mejor
para la región fronteriza. Habían insistido
en fortalecer la infraestructura, promover
mayor coordinación y capacidad de
iniciativa a nivel local y aprovechar las
ventajas del capital humano existente, así
como la sinergia entre grupos empresariales
de ambos lados, para lanzar programas
de largo plazo en materia de desarrollo
económico.
Lo anterior pasa a segundo plano al
desatarse la violencia. Desde la muerte de
funcionarios adscritos al consulado estadunidense
en Ciudad Juarez, las ciudades
fronterizas han sido incorporadas a la lista
de lugares de alto riesgo para el personal
diplomático estadunidense, lo cual significa,
entre otras cosas, recibir percepciones
salariales adicionales como forma de
compensar la inseguridad en que se vive.
A nivel mundial, hay una lista de sólo 22
países donde se otorga el “bono por situación
de peligro”; de América Latina
se encuentran Bolivia, Colombia, Haití y
México.
La percepción del peligro y su repercusión
en Estados Unidos se advertía ya
en el Informe Anual del Departamento
de Estado correspondiente al 2009 sobre
la Cooperación Internacional en la Lucha
Antiterrorista, que señala: “La violencia
atribuible al crimen organizado en la frontera
norte (de México) continúa afectando
las capacidades de las fuerzas policiales,
creando vulnerabilidades potenciales que
terroristas que buscan acceso a Estados
Unidos podrían explotar”.
La semana pasada se efectuaron una
serie de Diálogos sobre la Seguridad, entre
el presidente Calderón y grupos de académicos
y políticos, en los que se abordó la
estrategia seguida en el combate al crimen
organizado, sus aciertos y desaciertos. Curiosamente,
no se tocó el problema de las
consecuencias en la relación con Estados
Unidos de las acciones de corte terrorista
en la frontera. Se mantiene la tendencia a
ignorar el hecho que la posibilidad de terrorismo
en México da una nueva dimensión
a las acciones bilaterales en materia
de seguridad. Si la frontera norte es una
región en guerra, el entendimiento con Estados
Unidos sobre qué hacer al aparecer
allí tácticas terroristas es de enorme trascendencia.
Estamos obligados a reflexionar
y tener información sobre lo que está
ocurriendo.
1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010 53