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JESÚS CANTÚ
Dialogar y debatir, ¿para qué
E l presidente Felipe Calderón dedicó
las dos últimas semanas a encabezar
reuniones con diversos actores sociales,
económicos y políticos para tratar de
construir lo que él llama “una política de
Estado en materia de seguridad”. Sin embargo,
en ningún momento dejó clara la
ruta para hacerlo, pues hasta hoy lo único
real es un intercambio de opiniones, datos,
propuestas, justificaciones, convocatorias
y hasta reclamos cuyo destino es incierto.
Calderón aprovechó las reuniones para
repetir su mensaje a la nación, en el que
describió la evolución histórica de la delincuencia
organizada, así como para reiterar
su oposición a la legalización de las drogas
y manifestar, no obstante, que está dispuesto
a que se debata al respecto. Asimismo,
aunque en su segunda intervención frente
a los dirigentes de los partidos políticos expresó
que “si de lo que estamos de acuerdo
se deriva una corrección a la estrategia
de seguridad pública, yo estoy dispuesto a
asumirla”, es evidente que de dicho debate
no se derivará ningún acuerdo de corrección,
pues él ya manifestó posturas y criterios
que parecen inamovibles.
No obstante, las reuniones sí sirvieron
para aclararle algunos puntos al jefe del
Ejecutivo. A pregunta expresa que hizo
a los presidentes de los partidos políticos,
todos le respondieron que “el Estado debe
combatir a los criminales” y que lo que se
cuestiona es la estrategia con que se hace.
Por otra parte, en la reunión con los
gobernadores, que fue la última, el presidente
señaló: “Creo que un reto que ha
surgido el día de hoy es: ¿qué vamos a
hacer con esos jóvenes, la llamada generación
‘ni-ni’, que ni estudian ni trabajan
y que son, efectivamente, el campo fértil
que está, probablemente, atrás del potencial
que están adquiriendo los criminales,
no sólo para el crimen organizado –que,
efectivamente, los recluta y los manda por
delante, literalmente, a morir, porque es,
precisamente, el grueso de la población
que está falleciendo en los enfrentamientos
entre delincuentes y entre éstos con la
autoridad–, sino también para los delitos
del orden común, que han crecido de manera
exponencial, y que son cometidos
52 1763 / 15 DE AGOSTO DE 2010
por una población cada vez más joven”.
En la reunión de Calderón con los expertos,
Arturo Arango cuestionó –como lo
hicieron casi todos los de este grupo— la
disponibilidad, oportunidad y calidad de la
información sobre seguridad. Arango advirtió
que el INEGI trabaja con “16 a 20 meses
de atraso” y agregó que, al margen de la
oportunidad y los cambios de catálogos, un
grave problema son las “terribles inconsistencias
en la información. Hemos detectado
nosotros, en nuestras investigaciones, al menos
tres sistemas contables distintos. Pongamos
el caso del homicidio. En el caso del
homicidio tenemos el sistema contable del
Registro Civil, del sector salud, del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y del Servicio
Médico Forense. Le podríamos poner
un quinto caso, el de los medios de comunicación.
Si nosotros intentamos cruzar un
esquema con otro, resulta que no coincide
ninguno”. Precisó que ni los muertos podemos
contar y propuso crear una Norma Oficial
Mexicana al respecto.
El presidente respondió: “Yo les propongo
(…) la Norma Oficial Mexicana sobre
Generación, Recolección, Registro y Clasificación
de Datos. Efectivamente, déjenme
decirles que, incluso, dentro del seguimiento
que llevamos en el Gabinete de Seguridad,
tenemos hasta discusiones de cómo clasificar
los eventos que observamos”.
Así resultó una propuesta precisa.
Pero los llamados Diálogos por la Seguridad,
Evaluación y Fortalecimiento no
permitieron clarificar el propósito de la
lucha, pues como señaló Miguel Molina
Foncerrada: “…Si no tenemos un diagnóstico,
y no tenemos un propósito, para
mi gusto, suficientemente claro, la sociedad
no puede entender ni qué demonios
está pasando, y, perdonen la palabra, ni
qué es lo que queremos resolver”. Demandó
aclarar si el propósito de la lucha era
decomisar drogas, disminuir la violencia,
atacar la impunidad, debilitar la acción de
las organizaciones criminales, disminuir
el consumo de drogas o algún otro.
Obviamente, la estrategia debe corresponder
al diagnóstico y el propósito, y eso
es precisamente lo que no se aclaró a lo
largo de dos semanas.
Pero tampoco la inquietud de Orlando
Camacho Nacenta, quien participó en
la primera mesa, tuvo respuesta: “Hasta lo
que llevamos en esta reunión –expuso–, yo
he contabilizado más de 40 propuestas viables.
La cuestión es que todas estas ideas y
propuestas, la mayoría de ellas ya se habían
dado o ya se han escuchado en otros momentos,
ya se han hecho en foros semejantes
a éste, también (…) Muchas de ellas están,
incluso, calendarizadas y hasta tienen responsables.
No son nuevas las cosas que estamos
comentando aquí (…) La pregunta es:
¿Qué va a pasar a partir de esta reunión Ahí
es donde me parece que debe venir la parte
nueva, la parte propositiva de esta reunión.
¿Cómo concretamos que estas acciones que
se están dando ahora se lleven a cabo de manera
inmediata, rápida y eficaz”.
Y aunque Calderón haya señalado ante
los presidentes de los partidos políticos:
“Yo veo que tenemos más coincidencias
que diferencias. Coincidimos en que se requiere
una política económica que recupere
empleo; coincidimos en que se requiere
una política social que genere oportunidades
de educación, espacios recreativos, de
cultura. Coincidimos –así lo asumo– en
que se requiere una política de fortalecimiento
institucional en todos los órdenes
de gobierno. Discrepamos, quizá, en el tema
de la legalización o no de las drogas”.
La realidad es que hay muchas más
diferencias, especialmente cuando las políticas
se tienen que aterrizar en diagnósticos,
propósitos y estrategias. Y tampoco
se estableció una ruta o un proceso para
dialogar, debatir y tomar decisiones, pues
es evidente que no se lograrán consensos,
y si esa es la condición para modificar la
estrategia, no habrá cambios.
Hasta hoy los diálogos son parte de
una nueva estrategia de difusión de la lucha
contra la inseguridad, y sirvieron para
disipar algunas dudas, identificar nuevos
retos y hacer propuestas concretas; pero
no para clarificar el diagnóstico y el propósito,
y menos para establecer una vía
clara de construcción de una política de
Estado. Así, los diálogos y debates servirán
para seguir celebrando reuniones y
editando memorias...